Romeva tiene que volver a buscar un nuevo nombre a su Conselleria de Exteriores

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado parcialmente la suspensión que pesaba sobre la Conselleria de Asuntos Exteriores de la Generalitat dirigido por Raül Romeva desde el pasado 17 de febrero

En aquel entonces, el TC admitió a trámite el conflicto de competencias planteado por el Gobierno contra su creación. Aún queda pendiente que el TC resuelva sobre el fondo del asunto.

La decisión adoptada este miércoles por el tribunal de garantías no afecta a todo el contenido del decreto que permitió la creación del departamento, ya que sigue en suspenso lo relativo a la denominación inicial del mismo como de 'Asuntos Exteriores', han confirmado fuentes de este órgano.

YA HUBO UN CAMBIO DE NOMBRE

Se da la circunstancia de que un mes más tarde, el 17 de marzo, el Constitucional tuvo que tramitar una segunda solicitud del Gobierno después de que la Generalitat cambiara el nombre inicial de esta Consellería por el de Asuntos Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, por entender que suponía una vulneración de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender su actividad.

El Gobierno sostenía respecto al cambio que, con independencia de la denominación que use esta Consellería, se mantenían invariables las funciones que le atribuyó el nuevo Govern catalán y que incluía la atribución de la política exterior, una competencia exclusiva del Estado. Este incidente de ejecución también está pendiente de resolverse.

El Gobierno recurrió al tribunal de garantías por este asunto entender que la política internacional es competencia exclusiva del Estado, por lo que ningún órgano autonómico puede arrogarse el ejercicio de la misma.

SOLO EL ESTADO TIENE COMPETENCIAS EN EXTERIORES

El Tribunal Constitucional dejó en suspenso dos acuerdos concretos: el de creación del departamento de Asuntos Exteriores y otro posterior por el que se aprobaba una Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea adscrita a este Departamento.

El recurso contó con el informe favorable del Consejo de Estado y de la Abogacía y al entender que, de seguir funcionando, el departamento de Romeva "podría generar consecuencias contrarias al ordenamiento jurídico".

El Ejecutivo argumentaba que la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado exige que las comunidades autónomas coordinen con el Gobierno cualquier actividad internacional que quieran desarrollar "dentro de sus competencias".

Por ello, recuerdan que sólo el Estado tiene atribuciones en política exterior (artículo 149 de la Constitución), como el propio Tribunal Constitucional ha dejado claro en diversas sentencias.

ROMEVA, DESAFIANTE

Por su parte, Raül Romeva ha afirmado tras la resolución del TC que "la acción del Govern se hace al margen de si gusta más o menos al Gobierno, o de la opinión del TC".

Según él, las actuaciones del Govern y, por tanto, de la Conselleria no responden al mandato del Gobierno central, sino del que obtuvieron en las elecciones catalanas.

Preguntado por si les satisface que el TC les de ahora la razón, ha respondido: "Es que nunca hemos considerado que no la tuviésemos", y ha repetido que su actuación es legal, legítima y responde al mandato ciudadano de los comicios del 27S.