La creación de la comisión se aprobó el pasado día 7 de marzo, impulsada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y el PP.
Se trata de las primeras sentencias sobre la preventiva de los políticos presos, que agotan así la vía en España y pueden presentar recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los preceptos impugnados por el Gobierno de Mariano Rajoy de esta ley permitían a los ciudadanos con vecindad civil catalana ordenar el destino de su patrimonio digital en caso de muerte.
La norma recurrida establece que "la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya tiene por objeto garantizar la ciberseguridad en el territorio de Catalunya", pero el TC considera que su objeto es demasiado extenso e invade competencias estatales.
La impugnación afecta a tres los puntos en los que se manifestaba la voluntad de culminar el proceso de independencia, se reiteraba los "objetivos políticos" de resoluciones anteriores y se defendía del derecho de autodeterminación.
El Gobierno impugnará la moción aprobada este jueves por el Parlamento catalán para ratificarse en los objetivos de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015.
