El texto de la cámara catalana ratificaba "la defensa del derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Catalunya".
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Parlament que aprobó el pasado 7 de marzo la cámara catalana.
El recurso alega que impedir su salida de la cárcel de Soto del Real para jurar o prometer el cargo ante la JEC supone una vulneración de sus derechos fundamentales.
Declara inconstitucionales y nulos por no ajustarse a la normativa estatal básica o invadir artículos referidos a las guías curriculares por etapas educativas.
En función del a resolución del TC, las formaciones políticas deberán modificar su estrategia electoral a la hora de captar votantes por medios digitales.
Estima el recurso de amparo interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2016.
La creación de la comisión se aprobó el pasado día 7 de marzo, impulsada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y el PP.
Se trata de las primeras sentencias sobre la preventiva de los políticos presos, que agotan así la vía en España y pueden presentar recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los preceptos impugnados por el Gobierno de Mariano Rajoy de esta ley permitían a los ciudadanos con vecindad civil catalana ordenar el destino de su patrimonio digital en caso de muerte.
La norma recurrida establece que "la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya tiene por objeto garantizar la ciberseguridad en el territorio de Catalunya", pero el TC considera que su objeto es demasiado extenso e invade competencias estatales.
La impugnación afecta a tres los puntos en los que se manifestaba la voluntad de culminar el proceso de independencia, se reiteraba los "objetivos políticos" de resoluciones anteriores y se defendía del derecho de autodeterminación.
