La Abogacía del Estado ya estudia cómo actuar ante la resolución para celebrar el referéndum
Sáenz de Santamaría ha advertido a Puigdemont que "el Estado de Derecho se mantendrá firme en defender el derecho de todos los españoles".
La Abogacía del Estado está estudiando la resolución aprobada este jueves por el Parlamento catalán llamando a la celebración de un referéndum en 2017, para sugerir o proponer al Gobierno cómo actuar, según ha adelantado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Sáenz de Santamaría ha aprovechado para advertir al Gobierno de Carles Puigdemont de que si repite "la hoja de ruta" y el "error" de su antecesor Artur Mas, pretendiendo decidir sobre una soberanía nacional que corresponde a todos los españoles, la respuesta del Estado de Derecho será la misma una y otra vez.
Además, ha insistido en que el Tribunal Constitucional ha dejado bien claro lo que se puede hacer y lo que no, así que insistir en ello "abocará a la melancolía" a los independentistas, "no al Estado de Derecho porque el Estado de Derecho se mantendrá firme en defender el derecho de todos los españoles".
"Pueden seguir aprobando resoluciones que cada vez se parecen más las unas a las otras, porque las pida la CUP o porque les interese, pero no van a llegar a ningún objetivo que sea contrario a los que los españoles les toca decidir", ha avisado.
También ha avisado a los independentistas de que pueden "hacer valoraciones" de las decisiones de los tribunales, "pero sobre todo deben acatarlas porque los tribunales no están del lado de nadie, están del lado de todos". "Defienden los derechos de todos y deben seguir haciéndolo mientras algunos intentan imponer como general su propia ley, que es exclusivamente particular".
Santamaría ha destacado que este jueves coincidieron tres cosas: la resolución del Parlamento catalán, el auto del Tribunal Constitucional en el que anula la declaración de ruptura del pasado julio y pide a la Fiscalía que estudie si la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, incurrió en responsabilidad penal y la petición del Tribunal Supremo al Congreso de que se tramite el suplicatorio contra el hoy diputado Francesc Homs, por su papel en la consulta del 9N.
La coincidencia le ha servido para subrayar que los independentistas pueden repetir "hasta la saciedad" una "hoja de ruta que está deslegitimada" por los tribunales, pero que la respuesta del Estado de Derecho siempre será la misma.
Preguntada por el hecho de que las medidas del Gobierno parecen no hacer mella en el Gobierno catalán, ha respondido afirmando que los motivos de esta última resolución tienen que ver más bien con que la CUP permitió a Puigdemont superar la moción de confianza "que le ha permitido continuar unos poquitos días más", hasta ver qué pasa con los Presupuestos.
"No sé si hace más mella una cosa y el antídoto es la otra, pero el Estado de Derecho está ahí y no es para tomárselo a la ligera porque es la garantía de los derechos de todos", ha remarcado, añadiendo que, "a la vista de las actitudes de algunos", ellos dirán si les "hace mella" cuando les lleguen las imputaciones o procesamientos.
INFORMARÁ AL PSOE Y A CIUDADANOS
La vicepresidenta en funciones no ha desvelado si la situación de Catalunya formó parte de la conversación que mantuvieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, pero ha dejado claro que el Ejecutivo prevé seguir informando con anterioridad a los partidos constitucionalistas de las medidas que vaya a tomar.
En cuanto a si el Gobierno está dispuesto a explorar vías políticas con la Generalitat, ha respondido que las políticas cada uno tiene que hacerlas en su ámbito de competencia, y que la primera política que deben adoptar todos los responsables es respetar la soberanía de los españoles.
Santamaría ha defendido que el Gobierno central ha hecho política, y además "beneficiosa para el conjunto de los españoles" cuando ha pagado a los proveedores de la Generalitat o cuando construye y gestiona infraestructuras, y que también hará política cuando se reforme la financiación autonómica que, según ha dicho, es uno de los asuntos sobre los que deberán llegar a acuerdos si se forma gobierno.
"Eso es hacer política, pero con eso a lo mejor no se solventan mociones de confianza", ha espetado, tras insistir en que no se puede pedir "soluciones políticas" cuando lo que los independentistas quieren es que les "soluciones" lo que ellos quieren, "saltarse la voluntad de los españoles".
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