Collboni advierte a Airbnb: “Actuaremos de manera contundente si se incumple la ley”

La relación entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb atraviesa su momento más tenso. El alcalde Jaume Collboni ha lanzado este martes un serio aviso a la plataforma de alquiler turístico: si persiste el incumplimiento de la normativa municipal, se actuará “de manera mucho más contundente”, sin descartar la vía judicial.

“Nadie está por encima de las leyes ni de la voluntad democrática de una ciudad para decidir qué modelo de vivienda o turismo quiere defender”, ha asegurado Collboni tras reunirse con el director general de Airbnb para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago. Acompañado por los tenientes de alcalde Laia Bonet y Jordi Valls, el alcalde ha dejado claro que el Ayuntamiento utilizará “todos los instrumentos civiles, penales o administrativos” a su alcance para frenar los alquileres ilegales.

Una oferta de diálogo en medio de la tensión

A pesar del tono firme, Collboni ha asegurado haber planteado a la plataforma la posibilidad de negociar un nuevo convenio de colaboración, que sustituya al acuerdo firmado en 2018 y que ya ha caducado. Este nuevo marco, ha explicado, incorporaría los cambios legislativos que entrarán en vigor el 1 de julio, como la puesta en marcha de un registro estatal y público de viviendas de uso turístico, aprobado recientemente en el Congreso.

La intención del Ayuntamiento es que este nuevo acuerdo tenga una vigencia clara: hasta noviembre de 2028, fecha en la que el consistorio ha anunciado que dejará de renovar las más de 10.000 licencias de pisos turísticos vigentes. Según Collboni, “pensamos que es mejor que nos entendamos y colaboremos en combatir la ilegalidad, pero si no hay avances, aplicaremos las sanciones correspondientes”.

Malestar por la “actitud” de Airbnb

La reunión con Rodríguez de Santiago no ha dejado satisfecho al equipo municipal. Collboni ha denunciado un “empeoramiento” de la actitud de la compañía, aludiendo a métodos de gestión que calificó de “arcaicos”, como el requerimiento de cartas certificadas enviadas a Irlanda para poder tramitar la retirada de anuncios ilegales.

“Ese tipo de tácticas dilatorias ya no tienen cabida. Estamos en otro momento. Lo que antes podía ser aceptable, ahora no lo es. La actitud de Airbnb ha cambiado y no para bien”, ha afirmado el alcalde.

Airbnb responde: “Nos usan como chivo expiatorio”

Por su parte, Jaime Rodríguez de Santiago, máximo responsable de Airbnb en España y Portugal, lamentó antes del encuentro que el Ayuntamiento utilice a la plataforma como “chivo expiatorio” en el debate sobre el acceso a la vivienda. Según sus datos, los anuncios de pisos turísticos en la ciudad se han reducido un 50% en los últimos cinco años, mientras que el turismo ha seguido creciendo y los problemas de acceso a la vivienda persisten.

Desde Airbnb insisten en que ya han retirado los 800 anuncios que el consistorio consideraba ilegales y afirman haber seguido colaborando más allá del vencimiento del convenio de 2018. Además, reclaman que se abra un debate serio y coherente sobre el modelo turístico de la ciudad y el papel del alquiler de corta duración.

Rodríguez defendió que “eliminar esta actividad no es proporcional ni coherente” y que organismos de competencia europeos también se han pronunciado en contra de prohibiciones totales, abogando por regulaciones más equilibradas.

¿Una política contradictoria?

Airbnb también ha cuestionado lo que considera una contradicción del modelo turístico municipal. Mientras se endurecen las restricciones al alquiler vacacional, el Ayuntamiento impulsa la apertura de 5.000 nuevas habitaciones de hotel en la ciudad y 15.000 más en su área metropolitana. La compañía considera que estas decisiones desvirtúan el discurso oficial contra el turismo masivo.

Asimismo, sostienen que las medidas restrictivas no han resuelto el problema de acceso a la vivienda. Desde 2014 —cuando comenzaron a aplicarse limitaciones al alquiler turístico—, los precios del alquiler han subido un 70%, y los de compra, un 60%. Según Airbnb, por cada vivienda de uso turístico, hay ocho desocupadas que no se han puesto a disposición del mercado residencial.

Rumbo a Bruselas y nueva legislación

En paralelo, Barcelona ha mostrado en Bruselas su apoyo a una nueva regulación europea que distinga entre alquileres profesionales y alquileres esporádicos en la vivienda habitual, una fórmula que la plataforma defiende como un modelo más justo y menos lesivo para el mercado. Sin embargo, la legislación municipal vigente prohíbe incluso el alquiler puntual de la residencia principal, lo que, según la plataforma, contradice las directrices europeas y penaliza a los residentes.

Un conflicto en pleno cambio de paradigma

En definitiva, el enfrentamiento entre Barcelona y Airbnb se enmarca en lo que Collboni ha descrito como un “cambio de paradigma”. A partir del 1 de julio, las ciudades dispondrán de nuevas herramientas legales para controlar la actividad turística ilegal, y el Ayuntamiento de Barcelona parece decidido a usarlas con contundencia.

La plataforma, mientras tanto, insiste en su voluntad de diálogo y colaboración, pero exige un marco normativo realista que no criminalice el alquiler de corta duración ni a quienes lo utilizan como una vía complementaria de ingresos.

El desenlace aún está por escribirse, pero la advertencia del alcalde es clara: “Barcelona no permitirá que se infrinja la ley. Actuaremos con toda la fuerza jurídica que tengamos a nuestra disposición”.