Funcionarios exigen al Ayuntamiento de Barcelona un código ético para los cargos políticos electos

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Ada colau barcelona

Ada Colau, alcaldesa del Ajuntament de Barcelona


La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) --sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones públicas-- ha presentado ante el Ayuntamiento de Barcelona una iniciativa para que se legisle, en el ámbito Municipal, un código ético y deontológico para los cargos electos.


CSIF exige también un Reglamento de Procedimiento Disciplinario y Sancionador, puesto que, dentro de su eventualidad, estos cargos son también empleados públicos dentro de su eventualidad.


De esta manera, la central sindical señalan que “sus acciones u omisiones no pueden quedar al margen de ser sancionadas, ya que deben ser garantes de los comportamientos éticos y deben dar ejemplo, con sus actuaciones y actitud, a la sociedad”.


La iniciativa de este sindicato se basa en el hecho de que “en los últimos tiempos, actores políticos en esta legislatura han transgredido muchas normas, faltando a la ética y a la moral, y al comportamiento cívico dentro de la sociedad. Desde CSIF hemos de solicitar la misma igualdad que con los empleados públicos”.


IGUAL QUE CUALQUIER TRABAJADOR PÚBLICO


A través de este Código ético y deontológico, los cargos electos deberán adaptar sus conductas a las normas generales en igualdad de condiciones con los trabajadores públicos.


Así, CSIF señala que los cargos electos deberían:


-Tratar a todas las personas con las que se relacionen con respeto y con la debida consideración.


-Desarrollar sus competencias y responsabilidades de manera que no perjudique el prestigio de la Corporación.


-Adoptar las decisiones con respecto a los principios de objetividad y legalidad y tomando en consideración lo expuesto por los técnicos municipales en los informes pertinentes.


-Exteriorizar y justificar sus decisiones, evitando cualquier tipo de discriminación y/o arbitrariedad, con las razones objetivas de éstas y los elementos que demuestren su proporcionalidad, imparcialidad y conformidad con el interés público.

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