Un mal negocio del PP

La pasada semana el Congreso convalidó el decreto que establece una moratoria de los incentivos a la instalación de energía renovable. Una medida que pone de manifiesto la precipitación de un Gobierno ávido de tomar decisiones pero también un estilo de gobernar basado en la unilateralidad, la falta de diálogo y la miopía. Este decreto convalidado con la complicidad (abstención) de CiU tiene consecuencias desastrosas en términos energéticos, ecológicos, económicos, tecnológicos y en términos de empleo.

Hoy el sector energético y especialmente el eléctrico necesita una reforma integral en la regulación y en su funcionamiento para acabar con el déficit tarifario, la opacidad, los abusos del oligopolio de las grandes empresas eléctricas y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Pero la primera decisión del ministro Soria de detener el sector de las renovables mientras apuesta por alargar la vida útil de la central nuclear de Garoña es toda una declaración de intenciones y viene claramente marcada por su obsesión por los recortes y por el secuestro por parte de los intereses del lobby de las eléctricas.

¿Por qué? En primer lugar, las renovables no son las culpables del déficit de tarifa sino el mal funcionamiento del mercado eléctrico. Por ejemplo, que las hidroeléctricas ingresen 11.000 millones de euros cada año para prestar un servicio por el que utilizan un bien público, el agua, y unas instalaciones construidas por el estado en época franquista.

Segundo. Mientras el Gobierno aprueba una reforma laboral que no creará puestos de trabajo sino que precarizará los existentes, el paro de las renovables dinamita un sector que ahora ocupa a más de 100.000 puestos de trabajo y se preveía que ocupara hasta 300.000 personas en 2020. El sector de renovables cuenta en España con una tecnología puntera, exporta producto e invierte en I + D y genera 10 veces más puestos de trabajo que los otros productores de energía. En definitiva, el Gobierno del PP castiga al sector que más puestos de trabajo ha creado en los últimos años.

Este decreto, que supuestamente está hecho para ahorrar, tendrá un impacto negativo para las cuentas públicas ya que las renovables aportan más de 750 millones de euros por ingresos fiscales. Sólo en el sector de la fotovoltaica se calcula que el Gobierno se ahorrará en primas entre 70 y 80 millones, pero dejará de ingresar unos 230 millones en impuestos. Parece realmente un mal negocio, ¿verdad?

Y sobre impactos presupuestarios sería bueno que a la hora de decidir sobre el modelo energético también tengamos en cuenta el impacto ecológico y económico del cambio climático y también de la dependencia energética. Y es que la moratoria de renovables se produce en un escenario de incremento de precios del petróleo y del gas (España gasta cada año un mínimo de 40.000 millones de euros en importar hidrocarburos).

Y el último de los argumentos. El paro de los incentivos económicos en el sector de las renovables provocará un incumplimiento de las directrices europeas que marcan el objetivo de lograr que el 20% del consumo en el año 2020 sea proveniente de energías alternativas. En fin, todo un acierto desde el punto de vista económico y también con repercusiones medioambientales.