miércoles, 21 de abril de 2021

​Hacienda acusa a Oleguer Pujol de delito fiscal en la compraventa de las oficinas del Santander

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El hijo del expresidente autonómico catalán Pujol, Oleguer Pujol, ocultó las comisiones que cobró por la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander, según ha comunicado la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional.


Los últimos informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) señalan que Oleguer Pujol no declaró al Fisco los más de dos millones y medio de euros que percibió en las Islas Vírgenes Británicas durante el ejercicio 2010 por las supuestas gestiones realizadas para conseguir una de las mayores operaciones inmobiliarias de la historia reciente de España.


Según la Onif, el importe máximo para obtener la consideración de delito contra la Hacienda Pública son 120.000, una cifra que supera con creces la cantidad dejada de ingresar por Oleguer Pujol. Sin embargo, la Agencia Tributaria deja a criterio del juez José de la Mata si el pequeño de los Pujol incurrió en este tipo penal, poniéndole sobre la mesa la circunstancia de que, dos años después, se acogió a la amnistía fiscal puesta en marcha por Cristóbal Montoro.


El 23 de noviembre de 2012, Oleguer Pujol presentó modelo 750 de Declaración Tributaria Especial, en la que declaró el saldo de diversas cuentas bancarias cuya titularidad real le pertenecía. Entre ellas, un depósito radicado en el ING Bank de la isla caribeña de Curaçao a nombre de su sociedad Zante Internacional Limited, que disponía de 2.637.401,74 euros.


Según Hacienda, Oleguer Pujol ocultó estos fondos después de percibir dos transferencias efectuadas por Aegle International Limited a la entidad Zante International Limited los días 23 de septiembre y 18 de octubre de 2010, ya que la titularidad del 100% de las participaciones de la entidad Zante corresponde a Oleguer Pujol Ferrusola, que es el destinatario real de las cantidades mencionadas que se han transferido. Dichas cantidades responderían a los honorarios a percibir por Oleguer Pujol.


El 8 de febrero de 2008 la sociedad Samos Servicios y Gestiones, representada por Oleguer Pujol, rubricó un acuerdo de consultoría financiera con Sun Capital Partners, por el que la primera se compromete al pago de una serie de honorarios de la segunda. Mediante este acuerdo según la Onif, Samos acordó desembolsar el 0,6% del valor de transacción de los inmuebles del Banco Santander hasta un máximo de 11,5 millones a Sun Capital. A partir de este primer acuerdo, una parte de las comisiones pactadas fueron a parar a la sociedad de Oleguer. Así, Sun Capital firmó a continuación con la entidad pantalla ARD Choille BV, radicada en los Países Bajos, un nuevo contrato por el que la segunda prestaba a la primera servicios de asesoría.


El pago de las comisiones se develó en el registro efectuado en el domicilio de Oleguer Pujol donde se encontró un documento que revelaba el pago de 5,3 millones en comisiones de Sun Capital a ARD Choille. Un documento que curiosamente alberga una fecha anterior a los contratos referidos. A partir de ahí se sucede un nuevo acuerdo de consultoría. Esta vez el 7 de marzo entre ARD Choille y la sociedad Aegle International para acabar finalmente una parte del dinero en la entidad Zante International Limited de Oleguer.


A pesar de que la operación de las oficinas del Santander ya ha sido investigada por la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria solicita al juez De la Mata una serie de diligencias complementarias para asegurar la existencia de rentas no declaradas por parte de Oleguer Pujol, así como para conocer el origen y naturaleza de las mismas y su posterior calificación a efectos tributarios.


De modo que la Agencia Tributaria ha propuesto librar una comisión rogatoria con destino a las autoridades de Curaçao para comprobar los movimientos de las cuentas de las sociedades vinculadas a Oleguer hasta el 31 de diciembre de 2015. La Agencia Tributaria ya denunció por delito fiscal el pasado mes de julio, al ex financiero catalán Javier de la Rosa y a sus hijos Javier y Gabriela, en el marco de la misma operación inmobiliaria y por el mismo motivo: el cobro de comisiones por supuestas asesorías. A todos ellos les atribuía también el cobro y posterior ocultación en paraísos fiscales de otros 2,6 millones de euros.

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