Puigdemont: "Lo que la justicia condena lo indultarán los catalanes con un referéndum"

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado la sentencia del 9N que inhabilita dos años al expresidente Artur Mas, 21 meses a la exvicepresidenta Joana Ortega y 18 a la exconsellera Irene Rigau: "Aquello que la justicia española acaba de condenar lo indultará el pueblo de Catalunya en referéndum, votando este año".


Lo ha dicho en rueda de prensa en la Generalitat acompañado del vicepresidente, Oriol Junqueras, y del conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, y han asistido otros seis consellers.


Puigdemont ha destacado que la sentencia del TSJC por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 no es una sorpresa, pero que "no por esperada significa que sea menos grave", porque condena a tres personas que se limitaron a facilitar la democracia y a escuchar a los catalanes en las urnas, ha defendido.


Preguntado por si el fallo acelerará la celebración del referéndum, ha respondido que "se hará el próximo septiembre" como estaba previsto en el calendario de la hoja de ruta independentista --poco antes de la rueda de prensa, la CUP ha pedido adelantarlo y desacatar la sentencia--.


La fecha del referéndum ha centrado buena parte de la comparecencia, ya que varios medios extranjeros se han interesado por el calendario de la hoja de ruta: en inglés, Puigdemont ha dicho que los catalanes votarán en un referéndum en septiembre, y después en castellano ha dicho que será "entre finales de verano y principios de otoño".


Al margen de la fecha, ha querido dejar claro que "ninguna sentencia ni declaración de dirigente político hará dar marcha atrás; al contrario": animará al Govern a seguir defendiendo el referéndum mientras el Estado se niega a dialogar, ha añadido.


"O HABLAMOS O HABLAMOS"


Precisamente sobre el diálogo institucional, ha criticado la vía judicial que ha elegido el Gobierno central contra el proceso independentista, según él, y ha avisado: "O hay una propuesta política o no hay solución. O hablamos o hablamos".


Para dialogar ve necesario que el Gobierno central no ponga vetos y que permita que el Govern aborde cualquier tema sin líneas rojas, pero, si no se quiere abordar el referéndum, el Ejecutivo catalán seguirá desplegando su ruta: "A cada dificultad saldremos más reforzados, pero ahora estamos aquí y todas las opciones están vivas; también la del diálogo y el acuerdo".


2,4 MILLONES DE "CULPABLES"


Puigdemont considera que el fallo del TSJC por el 9N significa que los casi 2,4 millones de catalanes que votaron en la consulta "han recibido un veredicto de culpabilidad", lo que demuestra los déficits democráticos del Estado, según ha dicho.


Esta sentencia llega en un momento en que "Europa expresa inquietud por lo que está pasando" en España en este ámbito, ha dicho en alusión a que el Consejo de Europa instara el sábado al Estado a "mejorar" la reforma del Tribunal Constitucional (TC).


COMPROMISO ABSOLUTO CON EL REFERÉNDUM


Por su parte, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha subrayado que el Govern mantiene su "compromiso absoluto" con la convocatoria de un referéndum en septiembre pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.


"Este tipo de sentencia lo único que hace es reafirmarnos en nuestro convencimiento y compromiso con el mandato democrático muy claro que tenemos", que es un referéndum en septiembre en las mejores condiciones posibles y con las mayores fuerzas posibles, ha dicho el también líder de ERC.


Además, ha destacado que el proceso soberanista es "un movimiento esencialmente democrático, y el Estado no está condenando a nadie por haber proclamado la independencia, sino por poner las urnas".

Por eso, ha llamado a "todos los españoles de bien que tienen el convencimiento de que el Gobierno tiene déficits democráticos" a defender el proceso soberanista y que los catalanes puedan votar.


También ha destacado que esta situación no impedirá que el Govern siga defendiendo su hoja de ruta "sin renunciar a acudir a instituciones internacionales ni dialogar con los ciudadanos españoles".

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