Barcelona disolverá el Consell Comarcal tras hallarse irregularidades en su gestión

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El pleno Consell Comarcal del Barcelonès ha aprobado por unanimidad una moción acordada por todos los grupos para su disolución, que insta al Parlament y a la Generalitat a "iniciar un proceso de supresión" de la entidad, que hará una lista de sus servicios, empresas y representación en entidades para impulsar el traspaso de sus competencias y funciones.


La moción única se ha aprobado después de que los siete grupos del consejo hayan acordado en una junta de portavoces --que ha retrasado el inicio del pleno-- y retirar dos separadas presentadas por ERC-AM --que ha impulsado el debate-- y otra por los grupos de CiU y PSC, que gobiernan en la entidad supramunicipal.


Defiende también garantizar los derechos de los trabajadores de la entidad, después de un representante de sus empleados lo haya pedido al finalizar el debate, ya que inicialmente el texto abogaba por garantizar los puestos de trabajo: "El derecho no es sólo una silla. Somos personas y profesionales que trabajamos con eficacia".


La moción aboga por "seguir colaborando" con al Sindicatura de Cuentas de la Generalitat y con la Fiscalía sobre la investigación de presuntas irregularidades, e insta iniciar un procedimiento para que la Sindicatura de Cuentas audite desde 2011 al grupo del consejo comarcal, compuesto por Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs y Santa Coloma de Gramenet y con 30 trabajadores, ha recordado su presidente, el socialista Francesc Josep Belver.


DEFENSA DEL PRESIDENTE


Belver ha lamentado el "espectáculo" generado en torno a la institución, porque considera que ni la entidad ni sus trabajadores se lo merecen, y ha recordado que la competencia es del Parlament y la Generalitat: "Si seguimos aquí no es por una decisión de este consejo ni de su presidente, es porque el Parlament no ha decidido hacer otra cosa. Quien tenga que decidir, que decida".


Sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas, ha recordado que analiza seis años de gestión y que han recibido a sus representantes durante dos años en el consejo comarcal para recoger datos, y que sólo ha trasladado dos presuntas irregularidades a Fiscalía --una en Marina Badalona y otra en Fundació Pisos de Lloguer, ya extinta--, y ha aseverado: "Ninguna otra administración catalana se ha sometido a una fiscalización de este tipo y de esta dimensión durante tanto tiempo".


"Cuando se apela a la transparencia y a la opacidad, nos gustaría ver cuántas administraciones catalanas podrían recibir durante dos años a la Sindicatura de Cuentas y que les fiscalice seis años" para trasladar dos asuntos a Fiscalía que no están relacionados con el consejo comarcal, porque nunca ha tenido el control de Marina de Badalona y en Fundació Pisos de Lloguer tenía la misma representación que los cinco municipios.


"Opacidad nada, ninguna", ha aseverado Belver, quien ha asegurado que el Consell Comarcal del Barcelonès cuesta unos diez euros anuales por ciudadano, cuando el último creado en el Parlament tiene un coste de 150 euros anuales y todavía no se ha constituido --en referencia al del Moianès--, por lo que se ha preguntado si realmente el objetivo es avanzar hacia la racionalización de la administración local.


Tras pedir a los grupos menos ruedas de prensa y más iniciativas legislativas en el Parlament, ha defendido que asumió el cargo de presidente del consejo comarcal con su lealtad y su honradez como patrimonio, y ha advertido de que no se irá con más patrimonio, pero que permitirá que nadie ponga en duda su lealtad a la institución y su honradez.


SUPRESIÓN POR UNANIMIDAD


El republicano Jordi Coronas --cuyo grupo impulsó este debate-- ha resaltado que su intención es racionalizar la administración púbica y que en ningún caso ERC pretende "atacar a la institución ni a su personal", y ha expresado su respeto y agradecimiento a sus empleados.


El consejero de CiU y vicepresidente primero del consejo comarcal, Jordi Martí, ha pedido un diálogo institucional leal entre los grupos para impulsar de forma rigurosa este proceso, y ha puesto en valor la tarea de los trabajadores del consejo comarcal.


La socialista Carmen Andrés ha pedido al Parlament y a la Generalitat que "retomen las tareas de racionalización" de la administración local, y ha señalado que las competencias del consejo comarcal podrían trasladarse al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pero algunas podrían hacerlo a la Diputación de Barcelona, como las becas comedor.


Desde Entesa --que incluye a ICV, EUiA y BComú--, Àlex Mañas ha recordado que su grupo ya había pedido la supresión del consejo, y que él mismo como portavoz ecosocialista en Badalona alertó de operaciones impulsadas por Marina Badalona SA y pidió "reiteradamente" la destitución de su consejero delegado.


El popular Daniel Gracia ha recordado que el PP ha pedido durante años la disolución de la entidad y también el informe de la Sindicatura de Cuentas, y ha celebrado que se haya alcanzado una "moción apolítica" para avanzar en la disolución de la entidad, que ha dicho que en este mandato ha respondido con transparencia a las peticiones del PP.


Alba Calvo (CUP) ha criticado un modelo territorial que considera impuesto desde el Gobierno central con divisiones arbitrarias y arcaicas con las provincias, y ha señalado que, aunque defiende las comarcas, en este caso el consejo carece de sentido, tras lo que ha avisado de que no permitirán que se tapen irregularidades con la disolución: "No podemos cerrar el chiringuito y que aquí todo el mundo se vaya de rositas".

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