El ayuntamiento de Barcelona pospone la implantación del archivo ideológico de la Guardia Urbana

El grupo Demòcrata requiere que se "aseguren las garantías de que se respetan los derechos de protección de datos" | El comisionado de Seguridad, Andreu Recasens responde que "estos datos datos están ultraprotegidos".

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La comisión de Presidencia de Barcelona ha decidido frenar la elaboración del fichero de datos sensibles de la Guardia Urbana hasta que se disponga de una resolución de la Agencia Catalana de Protección de Datos. La decisión se ha tomado este miércoles a petición del grupo de Demòcratas que exige que " se aseguren las garantías de que se respetan los derechos de protección de datos" con el fichero, llamado 'Gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos'.


Los Democràtas han dado un paso atrás para y han acordado con el gobierno de Ada Colau aplazar y no detener --como proponían en un primer momento- la creación de este archivo que pretendía recoger datos sensibles como la religión, orientación sexual, filiación sindical y origen racial para investigaciones.


Por su parte, el gobierno de Colau ha expresado que no iba a poner en marcha este archivo sin llevarlo a la Agencia Catalana de Protección de Datos, y ha insistido en que las unidades de investigación de cuerpos policiales tienen ficheros de este tipo. De hecho, el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, que estos datos no se van a usar en ningún caso de forma generalizada: "Estos datos están ultraprotegidos", ha asegurado.


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La socialista Carmen Andrés ha defendido que es imprescindible cumplir con el mandamiento legal de proteger los datos de carácter personal de los trabajadores de las administraciones públicas, algo que cumple el fichero, que "responde a la voluntad de proteger datos especialmente sensibles" que ya se recogían anteriormente en investigaciones.


El portavoz demócrata, Joaquim Forn, ha señalado que su grupo municipal podría estar de acuerdo con la necesidad de crear este fichero, pero que debe estar sometido a la legislación y debe garantizar "al máximo la seguridad jurídica de las personas del fichero y de los datos que se estarán gestionando".


El portavoz d'ERC, Jordi Coronas, ha señalado que el fichero generó muchas dudas en su grupo municipal ---como quién podrá usarlo y de qué forma--, y ha avisado de que se trata de datos muy sensibles, por lo que "una mala praxis puede dar lugar a una vulneración de derechos fundamentales".


El concejal de la CUP Josep Garganté ha criticado que retirar el fichero pretende "perpetrar espacios de impunidad" y ha pedido a los grupos defender los Derechos Humanos en todos los casos y no sólo si afectan a miembros de la Urbana, mientras que el concejal no adscrito Gerard Ardanuy ha sostenido que el fichero vulnera los derechos de los agentes.


Las proposiciones de C's y el PP, la primera para retirar el fichero, y la segunda para anular la resolución que lo crea no han prosperado.


Paco Sierra (Ciutadans) ha acusado al Gobierno de Colau de pretender crear una policía política y ha tachado de vergonzoso el fichero, tras lo que ha expresado su sorpresa por que el grupo Demòcrata haya acordado con el Gobierno municipal aplazar la aplicación en lugar de detenerla: "Les están haciendo el tocomocho. No va sólo de transparencia, sino que lo que hace el Gobierno con la Urbana es un menosprecio constante".


La comisionada del PP Àngels Esteller ha coincidido en aseverar que el Gobierno municipal quiere crear una policía política, porque Colau pone "bajo sospecha a los que no piensan como ella", por lo que no sólo quiere tener fichados a los delincuentes, sino también a los miembros de la Urbana, según la popular.


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