Queremos lectores informados. ¿Y tú?
Apúntate a los boletines de Catalunyapress para recibir información de calidad y rigurosa. "Catalunyapress te informa"
El protavoz de la APF denuncia a CatalunyaPress que el ayuntamiento egarense les cobra un alquiler de 600.000 euros pese a su pésima situación.
Los siete Centros de Atención Primaria del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) --Anton de Borja, Doctor Joan Planas, Matadepera, Sant Genís, Sant Llàtzer, Terrassa Est y Terrassa Nord-- viven una situación crítica mientras las instituciones responsables no responden a sus demandas. La plantilla actual se está jubilando, la Generalitat tomó las riendas y ha impedido al CST contratar a más personal y por si fuera poco han de hacer frente a un alquiler de 600.000 euros cuando, por lo general, las autoridades suelen otorgar una cesión a los organismos sanitarios.
Por esta razón, Metges de Catalunya CST i la Associació Professional de Facultatius (APF) del CST han iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar que se les dé el trato "normal" en esta época de crisis.
Sus reclamaciones "son alcanzables y concretas", asegura el portavoz de la APF, Xavier Lleonart a CatalunyaPress. En primer lugar, piden que se sustituyan a los trabajadores que se han jubilado. "En la actualidad, en el CAP Sant Llàtzer se han jubilado 16 profesionales que no van a ser reemplazados", denuncia Lleonart. La gestora autónoma responsable del CST ha perdido su autonomía presupuestaria a favor de la Generalitat que no les ha otorgado "ninguna partida para cubrir estas bajas", ni siquiera tienen presupuestos auditados para el Consorci, por lo que los profesionales que siguen en plantilla tienen que asumir más volumen de trabajo.
En este mimos CAP, del que la APF ha extraído más datos, las listas de espera "superan ya los 30 días y aún tiene que llegar el verano", alerta Lleonart, recordando que en el verano anterior los ciudadanos llegaron a esperar "hasta dos meses" para que le atendiera su médico. Y mientras el degoteo de profesionales sigue y los ciudadanos sufren las consecuencias. "8.500 adultos y 2.500 niños no tienen asignado un médico de cabecera ni pediatra", 11.000 personas de 41.164 personas que tienen asignadas ese ambulatorio, "un cuarto de la población". Y la situación empeora al hablar del servicio de odontología, "un único odontólogo se hace cargo de la población asignada al Sant Llàtzer y parte de la del CAP Terrasa Nord" explica Lleonart a CatalunyaPress.
Y mientras tanto "el CST no puede hacer nada porque el Institut Catalá de la Salut no se lo permite". Y entonces llegan las bajas por estrés, una doctora ha confesado al portavoz de la APF que "hace meses que no acaba su turno antes de las 21 horas, cuando el CAP cierra a las 20 horas" y ya hay cinco médicos y dos pediatras de baja. Si tan sólo se pudieran cubrir las bajas provocadas por las jubilaciones esta situación mejoraría, "no pedimos nada inalcanzable" asegura Lleonart.
En materia económica, Lleonart critica la nueva redistribución presupuestaria de la Conselleria de Salut de Toni Comín, que "no incrementa los recursos". Así las cosas, con el nuevo cálculo usado para elaborar los presupuestos para Atención Primaria sólo ha permitido que dos de los siete CAPs que gestiona reciban una partida (50.000 € para el Sant Llàtzer y 80.000 para el CAP Terrassa Est), el resto de centros se han quedado sin nada.
Un caso sirve de ejemplo. El CAP Terrassa Nord da atención a una zona de menor empoderamiento económico y parte de Matadepera, donde la renta es mucho más alta, y por tanto se han quedado sin partida. El portavoz del CAP lamenta que "pese a que la formula no es mala, las cantidades que se otorgan son ridículas" y denuncia que posiblemente "en 2018 el CST aún tendrá menos recursos".
Desde la Asociación de facultativos son conscientes que el sistema sanitario catalán, por desgracia, se encuentra en situaciones similares, pero en el caso de Terrasa se vive "una anomalía excepcional", como califica Lleonart.
"El Hospital Sant Llàtzer (del CST) tiene que pagar un alquiler de 600.000 euros al año al consistorio de Terrassa a través de la Fundació Sant Llàtzer, gestionada al 100% por el ayuntamiento " denuncia el portavoz de la APF.
Se trata de una situación excepcional en la sanidad catalana ya que normalmente los equipamientos que una Administracióno empresa pública cede a otra se acostumbra a hacer en régimen de cesión y no de alquiler.
"Es un traspaso de fondos sin que nadie se gaste un euro más" asegura Lleonart, porque si el CST no tuviera que pagar el alquiler del Hospital lo podría invertir en contratación de más personal, siempre y cuando se levantara el veto de contratación.
Finalmente, el portavoz de los facultativos no reclama aumento de sueldos, sino mejoras de los profesionales que repercutirán directamente en unos ciudadanos que tienen que esperar más de un mes para ser atendidos a causa de esta situación.
Por eso, la APF y los facultativos han lanzado esta campaña a nivel autonómico y civil. Lleonart ha avanzado a CatalunyaPress que han hecho llegar su pliegue de peticiones a todas las administraciones y a la sociedad civil "quien sufre las consecuencias también" y ya se ha reunido con una agrupación política del ayuntamiento de Terrassa y espera que en "los próximos días nos podamos reunir con el alcalde, Jordi Ballart".
Y esperan que finalmente, les dejen de cobrar el alquiler y sobre todo que el Departament de Salut "no se ahorre ni un euro" y acuerde los traspasos económicos para poder contratar nuevo personal para cubrir a todo el personal que se jubila para que los ciudadanos reciban la atención que merecen.
Apúntate a los boletines de Catalunyapress para recibir información de calidad y rigurosa. "Catalunyapress te informa"