La oposición descarta la legalización de Barnaclínic y exige a Comín que cierre el centro

La CUP y CatSíQueEsPot han rechazado la iniciativa de la Conselleria de Salud de la Generalitat de buscar una nueva fórmula jurídica para el Barnaclínic que permita encajar su actividad privada en el Hospital Clínic de Barcelona, después de que la Sindicatura de Cuentas detectara entre 2010 y 2012 que la actividad del ente privado en el centro público no se adapta a la normativa.

El síndic de la Sindicatura de Cuentas Andreu Morillas ha presentado este jueves en el Parlament, junto al síndic major, Jaume Amat, el informe 29/2016 de fiscalización del Hospital Clínic, correspondiente a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, y se ha disculpado por el "retraso" a la hora de exponer el documento, destacando que algunos aspectos ya se han corregido.

Según Morillas, si las instituciones políticas y administrativas valoran la conveniencia de establecer un modelo legalmente de estas características "debería adaptar el marco jurídico vigente a esta opción que no está prevista".

El informe, que se hizo público el pasado marzo, asegura que un 7,4% de los pacientes de Barnaclínic fueron atendidos en horarios de atención a los pacientes públicos, y constata coincidencias horarias en las visitas de consultas externas y en diversas pruebas y procedimientos, entre otras irregularidades, como que las cuentas anuales del centro no expresaban la imagen fiel de patrimonio y de la situación financiera del hospital.

La Conselleria de Salud quiso anticipar al informe, por lo que días antes anunció que había acordado con el Hospital Clínic sustituir el centro privado Barnaclínic por otra entidad de naturaleza jurídica distinta para seguir haciendo actividad privada, pero "garantizando la equidad", según dijo entonces el conseller Toni Comín.

El portavoz de CatSíQueEsPot en la comisión, Albano-Dante Fachin, ha opinado que buscar una nueva forma jurídica es "una manera de legalizar esta estafa", porque cuando se habla con los trabajadores se evidencia la inequidad de este modelo, por lo que ha defendido su expulsión del sistema sanitario público.

"Parece que todo esto cae del cielo y no, cae de la acción o la omisión de la 'sociovergencia' sanitaria que durante 30 años lo ha hecho posible", ha dicho Fachin al citar a los exconsellers de Salud del PSC y de CiU, Mariana Geli y Boi Ruiz, respectivamente.

En la misma dirección, Benet Salellas (CUP) ha manifestado que su grupo "no está a favor de adaptar el marco jurídico vigente, sino de que el Barnaclínic deje de utilizar las instalaciones públicas y que desaparezca", y ha avanzado que no participará en ninguna modificación legislativa que permita su encaje.

SEPARAR LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y LA PRIVADA

La popular Esperanza García ha dicho que su grupo "tiene dudas" sobre que la nueva entidad resuelva los problemas detectados por la Sindicatura, y ha pedido que se fiscalicen también los ejercicios posteriores a 2013 para ver si se han rectificado las irregularidades detectadas, lo que también ha reclamado el PSC.

"Nos parece que la posibilidad de colaboración privada y pública es posible, pero debe seguir unos criterios formales y se tiene que respetar la ley", ha sostenido García.

Desde el PSC, Òscar Ordeig ha afirmado que el caso Barnaclínic es "una lección del que no se tiene que hacer en política sanitaria", y ha defendido que es necesario separar la actividad privada de los equipamientos públicos y que los circuitos estén claros.

Sergio Sanz (C's), que ha recordado que su partido presentó una moción para cerrar Barnaclínic, ha incidido en que el informe aclara aspectos que llevan denunciando ellos hace años, como la utilización de medios públicos para ofrecer prestaciones privadas.

Adriana Delgado (JxSí) ha subrayado que el informe habla de irregularidades que se han ido solucionando y ha deseado que, en relación a la interferencia entre actividad pública y privada, el Govern "pueda dar solución".