Ultimátum al Govern: Hacienda le da 24 horas para explicar el desvío de más de 6.000 euros

El ministerio de Hacienda recuerda que negarse u obstaculizar la información tendrá repercusiones.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha recordado a los funcionarios públicos catalanes de que sean "plenamente conscientes" de que tienen la obligación de remitir la información que el Gobierno de España les va a requerir semanalmente, ya que, de no ser así "se enfrentan a la asunción de responsabilidades contables, administrativas y penales".

"El Gobierno de España no va a consentir, no va a tolerar que ni un solo euro de los catalanes se destine a un referéndum que es ilegal", ha dicho Fernández de Moya a los periodistas durante su visita a las obras de la balsa de Cadimo, en Jaén capital.

La advertencia a los funcionarios catalanes lleva nombre y apellido y ha estado dirigida tanto a la interventora general de la Generalitat, así como a los interventores de las correspondientes consejerías como responsables de esas unidades de centros de gastos donde no haya interventores pero sí responsables económicos y financieros del resto de entes públicos, al director general de Presupuestos y al director general de Tesoros, Seguros y Política Financiera.

De hecho, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha envido un segundo requerimiento a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en el que advierte de que puede incurrir en responsabilidades hasta penales si no explica a qué obedece el desvío de 6.150 euros del presupuesto y si esa partida está vinculada a la celebración de un referéndum de independencia, según han informado fuentes del Ejecutivo.

Fernández de Moya ha subrayado que España es un Estado de derecho y como tal "hay que cumplir las resoluciones y las sentencias del Tribunal Constitucional" una vez que en sentencia del pasado 5 de julio se ha decretado la nulidad del programa 132 que se recoge en los presupuestos de la Generalitat bajo el epígrafe de organización de procesos electorales.

ATENTOS Y VIGILANTES

El popular ha apuntado que el Gobierno va a estar "atento y vigilante, de manera minuciosa, a que no se lleve a cabo un proceso refrendario que es ilegal y que el TC ha dicho claramente, porque ha expulsado del presupuesto esa disposición, al declararla completamente nula e inconstitucional".

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha recordado a los funcionarios públicos catalanes de que sean "plenamente conscientes" de que tienen la obligación de remitir la información que el Gobierno de España les va a requerir semanalmente, ya que, de no ser así "se enfrentan a la asunción de responsabilidades contables, administrativas y penales".

"Tienen la obligación de remitir semanalmente al Gobierno del España un certificado donde se ponga de manifiesto que ni un solo euro de los mecanismos adicionales que estamos llevando a cabo como medidas extraordinarias de liquidez están siendo destinados a un proceso que es ilegal e inconstitucional y que el Tribunal Constitucional ya ha decretado su nulidad anulando el programa 132", ha dicho el secretario de Estado de Hacienda.

Fernández de Moya ha añadido que la información que le tiene que remitir al Gobierno de España "debe ser veraz, fiel, real" y será el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública el que "establezca la idoneidad de la información que se le solicita" y que debe entregarse en tiempo y forma, además de responden de manera fiel a lo que se le ha solicitado. 

El secretario de estado de Hacienda ha añadido que este lunes, "a las 14 horas y 16 minutos", se ha vuelto a hacer un requerimiento a la Generalitat, una vez expirado el plazo de 48 horas sin que el ejecutivo catalán haya remitido la información que se ha pedido.

"Estamos a la espera de la respuesta", ha dicho Fernández de Moya, y ha añadido que cuando llegue la información "se analizará con todo el rigor y con toda la prudencia, de manera concienzuda, para ver si obedece a la realidad y tiene plena veracidad".

SEGUNDO REQUERIMIENTO

Esa partida detectada por Hacienda llevó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno a aprobar el pasado viernes un acuerdo por el que condiciona el pago a Catalunya de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a que la Generalitat le remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum.

El Departamento que dirige Cristóbal Montoro envió un primer requerimiento a la interventora catalana la pasada semana para que aclarara ese desvío de más de 6.000 euros. Este lunes al mediodía se ha cumplido el plazo de tres días sin obtener respuesta, por lo que se le ha enviado un segundo requerimiento para que remita esa información.

En ese segundo requerimiento se recuerda a la interventora que en el certificado semanal que le corresponde emitir hará expresa referencia a la existencia o no de partidas presupuestarias financiadas o no con cargo a los mecanismos de financiación que, directa o indirectamente, pretendan financiar procesos refrendatarios, así como "las actuaciones llevadas a cabo para impedir el gasto correspondiente a esta finalidad".

De igual modo, Hacienda señala que la información recabada se trasladará a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos, cualquiera que fuera su procedencia, por el uso de recursos públicos para financiar actividades relacionadas con la celebración de un referéndum "ilegal".

En el requerimiento, el Ministerio de Hacienda avisa además que la resistencia o la negativa a suministrar la información solicitada "será objeto igualmente de traslado a las autoridades competentes a los efectos de reclamar las responsabilidades que correspondan".

El Gobierno de Mariano Rajoy confía en que la interventora de la Generalitat atienda a este segundo requerimiento y facilite la información, han indicado a Europa Press las fuentes consultadas, que han recordado que el plazo para contestar es ahora menor.