Se busca profesorado confidente

Sucede a menudo, en los momentos en que el jefe necesita más serenidad para hacer un análisis profundo de las cosas que nos afectan, tanto en el ámbito personal como en el social, es cuando tendemos a hacer más uso de la víscera y nos dejamos llevar por reacciones que no sólo no ayudan a solucionar el problema, sino que muchas veces lo empeoran.

De este modo, después de los terribles atentados de Barcelona y Cambrils, en plena situación de trasiego y estado de choque y para calmar nuestra angustia, sentimos la necesidad de alimentarnos de noticias que aseguran que se están aplicando medidas para evitar que los hechos se repitan, sin profundizar en las nefastas consecuencias que esta aplicación puede tener a nivel social.

Y eso es exactamente lo que está sucediendo en el ámbito de la educación. Aunque no nuevas, el ataque de Barcelona ha acelerado las intenciones de la Consejería de Enseñanza de implicar al profesorado en la tarea de la aplicación del PRODERAI (Protocolo de prevención, detección e intervención de procesos de radicalización islamista). En otras palabras, se espera que los y las docentes y las personas que se dedican a la atención educativa, hagan de policía, estigmaticen, y contribuyan a convertir los espacios escolares en espacios de vigilancia y de institucionalización del racismo.

Fue en noviembre de 2015, con los atentados de París aún recientes, cuando Jordi Jané anunció por primera vez la intención de aplicar el protocolo. De experiencias como esta se han dado en varios países europeos, con resultados muy perversos en muchos de los casos. En el Reino Unido, el Prevent, un programa homólogo del que quiere extender el gobierno de Cataluña, ha recibido una fuerte oposición social porque ha demostrado que los parámetros que se utilizan en ningún caso evitan la 'radicalización' y en cambio, fomentan un ambiente de desconfianza que pone en peligro los espacios de debate crítico en los centros, tan necesarios especialmente en adolescentes, que están en pleno proceso de la configuración de la identidad.

POR QUÉ HACER FRENTE A LA APLICACIÓN DEL PRODERAI?

Según Enseñanza, el objetivo del protocolo es poner al alcance de los centros educativos las orientaciones y los recursos para prevenir conductas de radicalización y capacitar a los centros para detectarlos para así poder hacer una intervención educativa. Una finalidad fácilmente compartible, si no fuera porque los mecanismos que se utilizan para intentar alcanzarla son dudosos y hasta hacen correr el riesgo de conseguir el efecto contrario. Es evidente que la desconfianza provoca alineamiento, y la alineación puede ir asociada al sentimiento de exclusión tanto social como institucional, un contexto ideal que ciertos grupos podrían aprovechar para la cooptación.

Entre los múltiples motivos que nos deberían llevar a organizarnos socialmente para que el Departamento de Enseñanza rectifique la puesta en marcha de las medidas anunciadas a golpe de titular estos días, hay que destacar la manera que se ha forjado la elaboración de este protocolo, que no ha partido de la reflexión colectiva de los agentes implicados en la educación y, por alusiones, tampoco ha contemplado la participación de la comunidad musulmana. En cambio, ha preferido que el proceso esté liderado por el Cuerpo de Mossos (CME), el Departamento de Interior y el Departamento de Enseñanza.

Hace años que el Departamento de Enseñanza y el CME trabajan conjuntamente para normalizar la presencia de este cuerpo policial en los centros educativos. Dentro las 'tareas de proximidad' de los agentes se incluye la de hacer charlas en escuelas e institutos sobre muchas temáticas (consumo de drogas, violencia de género, etc). Así, se da voz y presencia de los mozos en espacios escolares en vez de priorizar la voz de los organismos, entidades y personas que tienen una larga experiencia trabajando en estos ámbitos. Como podemos esperar un impacto positivo de estas prácticas si que habla de las maldades del mundo es la misma persona que te sanciona? Las consecuencias son claras, las aulas dejan de ser espacios de fomento del debate abierto y seguros, donde se pueden expresar todas las opiniones, incluso las que presentan más controversia.

Un aspecto fundamental para oponerse a la implementación del programa radica en el contenido del protocolo, que estigmatiza el alumnado musulmán (lo sea o lo aparente) convirtiéndolo en grupo objeto de sospecha, reduciendo a la nada aquellas experiencias de fomento la cohesión social que, de manera imprescindible, deben estar presentes en las escuelas.

Otro motivo para detener este protocolo es que el discurso que se utiliza para encontrar elementos identificadores puede influir en la configuración de imaginarios dicotómicos muy peligrosos, enfrentando categorizaciones de terrorista vs no terrorista, de manifestando violento vs manifestando pacífico, inmigrante por motivos económicos vs refugiado político, etc. Este hecho tiene un componente de represión ideológica muy grave especialmente cuando la interpretación de los términos 'terrorismo' y 'radicalización' queda intencionadamente reducida y sesgada, asociada al islamismo y por tanto, identificando toda una comunidad como culpable. Este proceso tiene un nombre, y es la institucionalización del racismo y la xenofobia en espacios que deberían prevenir.

Además de la discriminación del alumnado musulmán, este tipo de programas convierten en la herramienta perfecta para criminalizar cualquier tipo de disidencia, fijémonos en el uso del concepto de 'terrorismo no violento' para identificar indicios de comportamientos ' radicalizados 'que servirán para cuestionar cualquier práctica que ponga en duda el mantenimiento del status quo de los poderosos.

¿Qué tipo de sociedad esperamos construir cuando convertimos la escuela en espacio de vigilancia?

La función del profesorado es sobre todo la de establecer un clima de confianza que fomente el aprendizaje y acompañe el proceso madurativo del alumnado. La pretensión del Departamento de Enseñanza que los docentes adopten el rol de policías y se conviertan vigilantes implica convertir los centros escolares en espacios intimidatorios donde el alumnado se puede sentir acosado, especialmente si es musulmán, pero no solo.

Los sindicatos nos tenemos que implicar que el PRODERAI no acabe imponiendo a los centros educativos, de la misma manera que lo hacemos por la defensa de la enseñanza pública, para combatir la precariedad laboral, y para derogar cualquier política que no fomente la igualdad social. La sociedad que queremos sólo se puede sostener estableciendo vínculos con el resto de luchas sociales y la lucha contra el racismo es una prioridad.

Nos jugamos demasiado para dejarlo correr, mientras la ultraderecha está congratulándose del diseño de estas políticas, nosotros tenemos que crear un eje frontal que las combata.

Paremos el PRODERAI, por favor!