Debate en el Congreso para anular los juicios políticos del franquismo
El PSOE última su propia reforma.
El Pleno del Congreso debate hoy si tramita una propuesta que persigue reformar la Ley de Memoria Histórica con el fin de declarar nulos los juicios políticos del franquismo.
Se trata de la primera iniciativa legislativa con este objetivo que se debate en la Cámara Baja y lleva la firma del PDeCAT, pero no será la última porque el PSOE está ultimando su propia reforma para ampliar la ley de 2010, entre otras cosas, para anular esos juicios.
Los independentistas catalanes registraron su iniciativa el pasado 18 de julio, cuando se cumplieron 81 años del alzamiento de 1936 que provocó la Guerra Civil, unas semanas después de que el Parlamento catalán aprobase por unanimidad una norma para anular los juicios políticos que tuvieron lugar en Catalunya.
LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
El portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclà, que presento entonces la iniciativa, recordó que hace 10 años cuando se tramitaba la Ley de Memoria, algunos grupos intentaron que la norma incluyera ya esa nulidad de los juicios.
Finalmente aceptaron la redacción propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se limitaba a declarar la ilegitimidad de aquellos tribunales y sentencias.
La propuesta del PDeCAT se inspira en la fórmula utilizada en algunos países Sudamericanos o en Alemania, donde los juicios del nazismo se anularon por ley en 1998.
Además, según argumentó Xuclà, con esta reforma España cumpliría la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en 2014 instó a nuestro país a afrontar este asunto.
ANTIMASONES Y COMUNISTAS
Asimismo, quieren que, en todo caso, la ley decrete la nulidad del Tribunal de Orden Público (TOP), del de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos ideológicos o de creencia religiosa.
Igualmente apuestan por declarar "ilegítimas y nulas" las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualquier tribunal u órgano penal o administrativo constituido durante la dictadura "contra quienes defendieron la legalidad institucional" republicana.
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