Los temores que dominan el mercado de alquiler en nuestro país
La regulación, que pretende frenar el aumento de los precios y proteger a los arrendatarios, está teniendo efectos contraproducentes.
Un estudio reciente de la plataforma Spotahome sobre el mercado de alquiler en nuestro país revela una creciente preocupación entre los propietarios, que ahora prefieren excluir a las familias con niños de su selección de inquilinos. Este fenómeno, que afecta a un 38% de los arrendadores, pone de manifiesto el impacto negativo de la inseguridad jurídica derivada de la regulación de la vivienda. En paralelo, se destacan los desafíos de la vivienda asequible, con medidas que buscan estabilizar los precios sin lograr reducirlos.
El impacto de la regulación en el alquiler de viviendas familiares
El informe de Spotahome subraya un efecto indirecto y no deseado de la actual legislación sobre el alquiler: muchos propietarios, temerosos de impagos, ocupaciones ilegales o daños a la propiedad, prefieren evitar a los inquilinos considerados de "alto riesgo", como las familias con niños. Eduardo Garbayo, CEO de Spotahome, apunta que, aunque las políticas públicas están diseñadas para proteger a los inquilinos vulnerables, las consecuencias de la normativa trasladan demasiados riesgos a los propietarios. Esto, según Garbayo, ha resultado en una "limitación de las opciones para estos colectivos, dificultando su acceso a una vivienda digna".
La regulación, que pretende frenar el aumento de los precios y proteger a los arrendatarios, está teniendo efectos contraproducentes. Para algunos, la solución no pasa por frenar las subidas, sino por una revisión que reduzca de manera más contundente los precios del alquiler. Las cifras del estudio muestran una estabilización de precios en zonas tensionadas, aunque la subida en municipios no regulados sigue siendo del 5,7%.
Los temores que dominan el mercado de alquiler
En cuanto a las preocupaciones de los propietarios, el estudio revela que el 61% de ellos está más preocupado por los impagos, el 58% por las ocupaciones ilegales y el 57% por los daños a la propiedad. Además, un 56% se siente inquieto por los cambios constantes en la legislación. Esta sensación de incertidumbre ha llevado a muchos arrendadores a tomar decisiones más conservadoras, excluyendo a perfiles de inquilinos que podrían representar un riesgo mayor.
La seguridad jurídica se erige como uno de los pilares fundamentales para asegurar la oferta de viviendas de alquiler. Garbayo destaca que, si se pudiera garantizar una mayor protección para los propietarios frente a los riesgos, "no habría necesidad de excluir perfiles ni de endurecer las condiciones del alquiler".
La respuesta institucional: la vivienda asequible en la agenda pública
El contexto legislativo no solo afecta a los propietarios privados, sino que también incide en los esfuerzos por garantizar el acceso a la vivienda asequible. En este sentido, la reciente alianza entre las empresas Culmia y MEAG marca un hito en la inversión en infraestructuras de vivienda en España. Con una inversión cercana a los 400 millones de euros, esta plataforma operativa de viviendas asequibles tiene como objetivo la creación de más de 2.500 unidades. Sin embargo, a pesar de estos avances, la creación de plataformas públicas y privadas como esta aún no resuelve completamente el déficit de vivienda para aquellos colectivos más vulnerables.
El futuro del mercado de alquiler: ¿Más regulaciones o soluciones reales?
La regulación de alquileres y las estrategias de inversión en vivienda asequible siguen siendo temas candentes en la agenda política. En Catalunya, el Sindicat de Llogateres ha abogado por una modificación de la Ley Estatal de Vivienda, pidiendo una revisión más profunda del índice de precios para permitir reducciones más significativas en los alquileres. Además, se están preparando movilizaciones, donde se exigirá la implementación de medidas más efectivas que frenen la especulación inmobiliaria.
La situación actual demanda soluciones que no solo estabilicen los precios, sino que permitan un acceso real a la vivienda para los colectivos más desfavorecidos. Los próximos pasos incluyen la votación de una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en el Congreso, que promete generar debate y definir la dirección futura de la legislación sobre alquileres.
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