Amposta lleva la ZBE a los tribunales para proteger a los vecinos de una medida "desproporcionada"

El Ayuntamiento de Amposta ha decidido dar un paso al frente y llevar a los tribunales la obligación de implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio. La decisión llega tras meses de incertidumbre y falta de respuestas por parte de la Generalitat de Catalunya, a la que el consistorio había solicitado sin éxito los informes técnicos que justifican esta imposición.

Desde el equipo de gobierno local consideran que la aplicación de esta medida no se ajusta a la realidad ambiental del municipio y reclaman un enfoque más proporcional y adaptado a las particularidades del territorio.

Un episodio puntual que desencadena la obligación

El origen del conflicto se remonta a finales del pasado año, cuando el consistorio tuvo conocimiento de que había superado los niveles permitidos de ozono troposférico, uno de los contaminantes regulados en la normativa ambiental. Este hecho, aunque puntual, activa automáticamente la obligación legal de implantar una ZBE, según la modificación normativa aprobada recientemente.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento aseguran que no han podido acceder a los informes oficiales que acreditan esta superación de límites, lo que ha generado dudas sobre la base técnica de la medida. La primera teniente de alcalde, Núria Marco, ha subrayado la necesidad de contar con esta documentación para poder analizar con rigor la situación.

Rechazo municipal: “una medida desproporcionada”

El gobierno local considera que aplicar una ZBE en Amposta es una decisión excesiva si se tiene en cuenta el contexto del municipio. A diferencia de grandes ciudades con problemas estructurales de contaminación, Amposta solo habría registrado un episodio aislado, lo que, a juicio del consistorio, no justifica una intervención de este calibre.

Además, desde el Ayuntamiento se insiste en que el municipio presenta características específicas que condicionan sus niveles de calidad del aire, como la presencia de importantes infraestructuras viarias que atraviesan su término municipal, entre ellas la AP-7, la C-12 y la N-340. Estas vías soportan un elevado volumen de tráfico que no siempre está vinculado a la actividad local.

Un cambio normativo con efectos retroactivos

Uno de los aspectos más controvertidos es el alcance de la normativa actual, que tiene en cuenta datos de hasta cuatro años atrás. Esto implica que si en ese periodo se ha producido una alteración puntual en cualquiera de los contaminantes regulados, el municipio queda automáticamente obligado a implantar una ZBE.

Desde el consistorio critican este enfoque, al considerar que no refleja la evolución real de la calidad del aire ni distingue entre situaciones estructurales y episodios aislados.