El Gobierno prepara ayudas para frenar el impacto económico de la guerra en Irán sin bajar el IVA de los alimentos

La crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Próximo vuelve a situar al Ejecutivo ante la necesidad de diseñar una respuesta económica urgente mientras intenta contener el impacto en los hogares, las empresas y los sectores productivos más expuestos.

Un decreto urgente ante el encarecimiento de la energía

La Moncloa convoca un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar esta misma semana el primer paquete de medidas frente al impacto económico derivado del conflicto en Irán. El Ejecutivo ultima el llamado Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, un conjunto de actuaciones de carácter estructural y coyuntural que se aprobará mediante un Real Decreto-ley que posteriormente deberá ser convalidado en el Parlamento.

La estrategia del Gobierno consiste en actuar sobre el encarecimiento de la energía, que se está trasladando de forma directa a los carburantes y al transporte, con el objetivo de frenar el aumento de los costes de producción en la economía. Mientras negocia apoyos parlamentarios y mantiene reuniones con los sectores afectados, el Ejecutivo sostiene conversaciones paralelas con agentes empresariales y sociales para perfilar las ayudas.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sostiene que el objetivo inmediato es escuchar a los sectores que están sufriendo el aumento de costes. “Estaremos en disposición de aprobar este paquete de medidas esta misma semana”, ha afirmado durante una comparecencia tras reunirse con representantes económicos.

Las prioridades del Ejecutivo

El diseño del plan gira en torno a tres ejes fundamentales: protección social, apoyo a los sectores más afectados y actuaciones energéticas destinadas a todos los consumidores.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, resume la filosofía del paquete de medidas en tres frentes: “Protección a los más vulnerables. En segundo lugar, aquellos sectores más expuestos como los transportistas, el sector agrario o el pesquero. También en general, medidas del ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados”.

Entre las medidas que estudia el Gobierno destaca una rebaja fiscal al gasóleo profesional que utilizan transportistas, taxistas y agricultores. El borrador del plan contempla elevar la devolución parcial del Impuesto Especial de Hidrocarburos hasta los 20 céntimos por litro, frente a los cinco céntimos actuales.

El sistema permitiría devolver ese importe hasta un máximo anual de 50.000 litros por vehículo en el caso de camiones y hasta 5.000 litros para los taxis. Los profesionales deberán estar inscritos en el censo correspondiente para beneficiarse de esta devolución. En el caso de la agricultura, el reembolso actual de 0,06371 euros por litro también aumentaría hasta los 20 céntimos.

Vigilancia del mercado de carburantes

Paralelamente, el Ejecutivo ha reforzado el control sobre la formación de precios en las estaciones de servicio ante las quejas de algunos sectores que sospechan de posibles prácticas especulativas.

El seguimiento se realiza de forma coordinada por el Ministerio de Economía, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El control abarca más de 12.600 gasolineras de todo el país y analiza diariamente la evolución de los precios.

Según explica el ministro Carlos Cuerpo, hasta ahora no se han detectado irregularidades en el funcionamiento del mercado. “No nos ha resaltado todavía la existencia de ninguna anomalía en esa formación de precios”, asegura, aunque insiste en que la vigilancia continuará mientras dure la crisis energética.

Lo que el Gobierno ya ha descartado

A pesar del debate que se ha abierto en las últimas semanas, el Ejecutivo descarta por ahora rebajar el IVA de los alimentos básicos. La posibilidad había sido planteada por algunos sectores de la distribución alimentaria, que consideran que una reducción fiscal ayudaría a contener los precios.

El Ministerio de Economía sostiene que el impacto económico de la actual crisis se concentra principalmente en la energía y no se ha trasladado todavía de forma generalizada a los alimentos. “Por ahora no vemos que sea necesario entrar a medidas más amplias, como por ejemplo la reducción del IVA para los alimentos”, afirma Carlos Cuerpo.

No obstante, el Gobierno deja abierta la puerta a ampliar el paquete de medidas si el conflicto o el encarecimiento energético se prolongan.

La presión sobre la cesta de la compra

La decisión de no modificar el IVA llega en un momento en el que varios alimentos básicos siguen encareciéndose en los supermercados. Un informe de Facua-Consumidores en Acción que analiza ocho grandes cadenas revela que los huevos, las zanahorias y las cebollas lideran las subidas en el último año.

Los huevos se han encarecido un 22,2%, mientras que las zanahorias han aumentado un 21% y las cebollas un 13,5%. En algunos casos concretos, el incremento es todavía mayor: la docena de huevos de marca blanca en la cadena Dia ha pasado de 2,10 a 3,10 euros, lo que supone una subida del 47,6%.

La rebaja del IVA aplicada a algunos de estos productos no ha impedido las subidas de precio. Según el análisis de la organización de consumidores, los incrementos responden a ajustes en los márgenes comerciales o en la estructura de precios de los operadores.

Durante el último mes analizado, las zanahorias han vuelto a protagonizar el mayor aumento, con una subida media del 15%. Las peras conferencia han subido un 6,7% y las patatas se encuentran también entre los productos más afectados por el encarecimiento.

El efecto del encarecimiento energético en los hogares

El aumento de los precios de la energía ya se está trasladando a otros gastos domésticos. La bombona de butano, una fuente energética esencial para muchos hogares sin acceso a gas natural, sube un 4,9% y pasa a costar 16,35 euros desde este martes.

El incremento se explica por varios factores macroeconómicos, entre ellos el aumento del 16,6% en los costes de transporte marítimo, el encarecimiento del 3,2% de las materias primas internacionales y las variaciones en el tipo de cambio entre el euro y el dólar.

El precio de estos gases licuados del petróleo —GLP envasado entre 8 y 20 kilogramos— está regulado por la Administración y se revisa cada dos meses. La Dirección General de Política Energética y Minas fija el precio máximo mediante un sistema que tiene en cuenta el coste del propano y el butano en los mercados internacionales, los gastos logísticos y el tipo de cambio.

El mecanismo limita las subidas o bajadas al 5% por revisión para evitar oscilaciones bruscas, de modo que cualquier diferencia superior se traslada a revisiones posteriores.

Qué ocurre con quienes dependen del butano

El encarecimiento de la bombona de botano un 4,7% desde hoy, es decir, 16,35 euros. Esta subida se notará especialmente en los hogares que utilizan este combustible para cocinar o calentar agua, una situación habitual en zonas donde no existe red de gas natural.

Aunque el consumo de GLP envasado ha descendido progresivamente —en 2025 se comercializaron 57 millones de envases, más de un 12% menos que en 2021— sigue siendo una fuente energética relevante en amplias áreas del país.

En el contexto actual, estas familias afrontan un doble impacto: el aumento del precio del butano y el encarecimiento general de la energía que también se refleja en la electricidad y los carburantes.

La diferencia con la respuesta de 2022

La estrategia actual contrasta con la respuesta que el Gobierno adoptó tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022. En aquel momento el Consejo de Ministros aprobó un plan de choque de 16.000 millones de euros destinado a mitigar el impacto económico del conflicto.

El programa incluía 6.000 millones en ayudas directas y rebajas fiscales y otros 10.000 millones en créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial. Entre las medidas más destacadas figuraba una bonificación de al menos 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, financiada en parte por el Estado y en parte por las petroleras.

El plan también contemplaba ayudas directas a sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca y el transporte, así como líneas de financiación para empresas afectadas por el encarecimiento energético.

Además, el Gobierno limitó la actualización de los alquileres al 2%, incrementó un 15% el Ingreso Mínimo Vital, amplió el bono social eléctrico hasta alcanzar a 1,9 millones de hogares y prorrogó rebajas fiscales en la factura de la luz.

En comparación con aquella respuesta, el Ejecutivo actual apuesta por medidas más focalizadas y evita aplicar una bonificación generalizada del combustible. El nuevo paquete, al menos en su fase inicial, se centra en ayudas a sectores profesionales y en la contención del impacto energético en la economía.

Las decisiones que aún están por tomar

La aprobación del decreto se produce después de una semana de reuniones con sectores afectados y antes de nuevos debates políticos. El Gobierno también espera abordar la situación económica en el Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas.

Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de ampliar las medidas si el conflicto en Oriente Próximo se intensifica o si el aumento de los precios energéticos termina trasladándose de forma más clara a la inflación general.