La Generalitat intensifica el control ambiental con más de 760 inspecciones previstas en 2026

La estrategia diseñada por la administración autonómica refuerza el seguimiento sobre actividades consideradas de riesgo y consolida un sistema de control que se ha ido ampliando durante la última década.

El marco aprobado combina planificación a medio plazo con programas anuales que permiten adaptar las actuaciones a la evolución de los sectores industriales, energéticos y ganaderos, así como a las exigencias europeas en materia de emisiones.

Un plan trienal que amplía la vigilancia

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a través de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, ha dado luz verde al Pla d’Inspecció Ambiental Integrada para el periodo 2026-2028, junto con el programa específico correspondiente a 2026.

Este instrumento supone la continuidad de una línea de trabajo iniciada en 2014, cuando entraron en vigor las obligaciones derivadas de la Directiva de Emisiones Industriales. Desde entonces, se han realizado más de 7.600 inspecciones, lo que ha permitido consolidar un sistema de control estructurado y alineado con las políticas europeas.

Más de 1.600 instalaciones bajo seguimiento

El nuevo plan contempla la supervisión de 1.633 establecimientos activos en Catalunya, todos ellos incluidos en el anexo I.1 de la normativa de prevención y control ambiental, que agrupa las actividades con mayor potencial de incidencia sobre el entorno.

Estas instalaciones abarcan sectores clave de la economía y concentran una parte significativa de las emisiones industriales, lo que explica la prioridad que reciben dentro del sistema de inspección.

Inspecciones previstas para 2026

Dentro del programa anual, la administración prevé inspeccionar 763 establecimientos considerados de incidencia ambiental potencialmente elevada. Estas actuaciones se distribuyen en distintos ámbitos de actividad.

El bloque más numeroso corresponde a las grandes explotaciones ganaderas, con 383 inspecciones en sectores como el porcino y el avícola. Le siguen las actividades industriales y energéticas, con 255 controles que incluyen instalaciones como refinerías de petróleo, fábricas de cemento, centrales de ciclo combinado, industria química o textil.

El programa también abarca 99 instalaciones dedicadas a la gestión de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, y 26 depósitos controlados de residuos.

Evaluación basada en el riesgo ambiental

La selección de los establecimientos que se inspeccionan responde a criterios técnicos basados en el riesgo ambiental. Entre los factores que se analizan figuran el volumen y tipo de emisiones, la sensibilidad del entorno donde se ubican, el riesgo de accidente y el historial de cumplimiento de cada instalación.

Asimismo, se tiene en cuenta la participación en sistemas como el EMAS o en programas voluntarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que puede influir en la frecuencia de las inspecciones.

En este sentido, el programa prevé reducir la categoría de riesgo para aquellas instalaciones que han demostrado un cumplimiento satisfactorio en controles anteriores, lo que se traduce en una menor periodicidad en futuras inspecciones.

Actuaciones no programadas y control continuo

Además de las inspecciones planificadas, el plan incorpora la posibilidad de realizar actuaciones no programadas. Estas intervenciones permiten verificar el cese de actividades, investigar denuncias, analizar accidentes o incidentes, y comprobar la corrección de incumplimientos detectados previamente.

Este enfoque introduce flexibilidad en el sistema y garantiza una respuesta rápida ante situaciones imprevistas o problemáticas emergentes.

Transparencia y acceso a la información

Los resultados de las inspecciones tienen carácter público, con las limitaciones establecidas por la normativa sobre acceso a la información ambiental. Actualmente, se pueden consultar los informes correspondientes al periodo comprendido entre 2014 y 2024, así como parte de los documentos de 2025 que ya han sido finalizados.

Este acceso refuerza la transparencia del sistema y permite a la ciudadanía conocer el grado de cumplimiento ambiental de las actividades con mayor impacto potencial.