El respeto institucional y la responsabilidad no existen en el Congreso

Hay que ver cómo se inicia la primera sesión del Congreso de los Diputados después del periodo vacacional, celebrada este miércoles. Algunos partidos no solo no se han calmado tras esos días de descanso y ocio; con las pilas cargadas, no de intenciones de enmiendas que puedan suponer diálogo, tolerancia, sentido común y ética institucional, resulta que ha sucedido todo lo contrario: más violencia verbal, insultos, falta de respeto, acusaciones y un espectáculo que haría sonrojar al más tranquilo del mundo.

La sede de la representación del pueblo, lugar que debería ser ejemplo en comportamiento, respeto, consenso y muestra por parte de sus “ocupantes” de que lo importante son sus representados —es decir, la ciudadanía— se ha convertido en un espacio tabernario, hosco, maleducado y dominado por determinados intereses políticos. Estas posturas incomprensibles ya han calado en la sociedad, donde muchas personas están cambiando “de bando” político, o lo que es lo mismo, de voto. Eso significa que la ultraderecha de Vox está subiendo gracias a un discurso de odio, rancio, arcaico, perverso y discriminatorio, que no solo contribuye a la violencia verbal, sino también a la física, con episodios que recuerdan épocas muy peligrosas que trajeron desgracias y división en las familias.

El “nuevo” PP que lidera Feijóo, con permiso de Díaz Ayuso, se ha instalado en el insulto y en la persecución al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hace desde el punto de vista personal, atacando donde más le duele: la familia. Este miércoles ha ido un paso más allá (nuevo capítulo), diciéndole a Sánchez que “solo le mueve el miedo” por los casos de corrupción que le rodean y que él mismo podría acabar en el juzgado. Creo que esta es una acusación muy grave la que ha lanzado el líder popular, y que solo responde a dos cosas: que tiene información “privilegiada” o que se trata de otra de sus meteduras de pata, a las que ya nos tiene acostumbrados. En cualquiera de los dos casos, la situación es grave y preocupante. Deja entrever que un político que aspira a presidir este país no puede actuar de la manera en que lo está haciendo. Denota poca fiabilidad, menos sentido común y una falta evidente de ética.

Todo lo vivido este miércoles no es nuevo: es la continuidad de toda la legislatura, de la anterior y de la otra. Y si alguien no le pone límites, la cosa seguirá igual. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, por cierto defensora de Puigdemont, acusó a su partido, Junts, por su rechazo al proyecto para reducir la jornada laboral, de no representar al independentismo, sino al sector “reaccionario” de la patronal española, “esos que se están forrando”. Miriam Nogueras le respondió que “no hace otra cosa más que mentir” y que con sus políticas está mandando a España al traste. Lo cierto es que Junts le ha hecho una gran jugarreta al Gobierno.

Mientras esto sucedía en el Congreso, hay gente sensata, responsable, coherente y solidaria. Es el caso de Pablo Iglesias e Irene Montero, que tienen tres hijos que empiezan ahora su etapa escolar. Sus padres los han inscrito en un colegio privado, con un coste por hijo de 500 euros, lo que representa 1.500 euros mensuales (¿con descuento?). Toda una noticia. Pablo Iglesias siempre está predicando —que no aplicando— su apoyo y defensa a ultranza de la educación pública, y resulta que los lleva a la privada. Pero no se sorprendan, porque según él lo hace para no ocupar plazas en la pública y dejarlas libres para quienes más lo necesitan. Un ejemplo de solidaridad y coherencia. ¿Se acuerdan de la frase? “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. Pues esa es la ética de un populista que miente más que habla, por decirlo de alguna forma. Esta es la penúltima “jugada” de alguien que se pasa todos los días dando lecciones y poniendo etiquetas a los demás.