¿Una Catalunya ingobernable? la polarización deja al PSC sin margen legislativo

Catalunya atraviesa una fase de alta tensión política que, según dirigentes y analistas, está dejando al PSC con apenas margen legislativo. La segunda jornada del Debat de Política General (DPG) en el Parlament ha servido para evidenciar que las dinámicas nacionales —el llamado “acuerdo de Bruselas” entre Junts y el PSOE—, las pugnas internas en los socios parlamentarios y la presión electoral externa convierten cualquier iniciativa del Govern en una negociación de alto riesgo. 

Illa intenta despegarse… pero la sombra de Bruselas no se va

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido a las críticas de Junts asegurando que el PSC no participó en la confección del acuerdo de Bruselas y que, en todo caso, hará “todo lo posible para que se cumpla y no se obstaculice nada”. Con ello ha buscado desactivar la ofensiva de Albert Batet, que anunció la votación del preámbulo del acuerdo en el Parlament para forzar un posicionamiento del PSC. Pero la maniobra de marcar distancias con Madrid choca con la realidad política: Illa está atado por las expectativas generadas por las promesas pactadas en la mesa estatal, que ahora Junts intenta hacer valer públicamente. 

El discurso público de Illa —defendiendo que “lo que afecta a Catalunya se trata en Catalunya”— no ha sido suficiente para apagar la controversia. Junts ha subido el tono y ha presentado propuestas que van desde la recuperación del preámbulo de Bruselas hasta reivindicaciones tan potentes como reclamar un referéndum de autodeterminación o aplicar la amnistía a Puigdemont, medidas que sirven tanto para marcar perfil ante su electorado como para presionar al PSC. 

ERC y la financiación: “estás en tiempo de descuento”

Si Junts apura la ofensiva identitaria, ERC ha colocado el foco en lo que para muchos es el auténtico cuello de botella: la financiación. Josep Maria Jové ha advertido a Illa de que está “en tiempo de descuento” y ha exigido que pase de las palabras a los hechos para cumplir los acuerdos de investidura, especialmente los relativos a la financiación singular que condicionan la negociación de los próximos presupuestos autonómicos. ERC ha dejado claro que no negociará cuentas sin avances concretos desde Madrid, lo que deja al Govern en una situación de impasse si los compromisos estatales no se traducen en medidas tangibles.

La telaraña de la financiación —la promesa de instrumentos legales o habilitaciones para recaudar y reasignar recursos— está en gran medida paralizada en Madrid. Esa falta de respuesta externa convierte la capacidad de maniobra de Illa en limitada: si el Gobierno central no desbloquea recursos o no tramita las modificaciones necesarias, el Govern catalán corre el riesgo de no poder pasar de anuncios a políticas con presupuesto, y eso erosiona su credibilidad ante ERC, los Comuns y una opinión pública que ya nota la falta de Presupuestos. 

Junts aprieta porque no quiere ceder relato; Aliança Catalana agita el mapa

En el hemiciclo también se ha percibido la presión electoral sobre Junts: el partido necesita mantener el relato independentista activo para no perder terreno entre su base y frente a nuevos actores que reclaman protagonismo en la agenda soberanista. Por eso presenta iniciativas que tensionan al Govern y, al mismo tiempo, buscan ocupar la centralidad del discurso secesionista. Esa táctica obliga a Junts a no “levantar el pie del acelerador, aun cuando a largo plazo la confrontación constante pueda resultar contraproducente para la gobernabilidad. 

Los Comuns: potencial aliado... pero debilitado

En teoría, los Comuns son el socio más próximo al PSC que puede sostener medidas de izquierdas y dar margen parlamentario. En la práctica, los malos resultados electorales y la pérdida de músculo político les han dejado con poca capacidad para condicionar la agenda del Govern. Su fórmula —replicar pactos de ámbito estatal entre PSOE y Sumar— resulta limitada en un contexto autonómico donde han perdido el relato y donde todo depende, precisamente, de acuerdos con Madrid y de mayorías parlamentarias claras que hoy no existen. Esa debilidad convierte a Illa en un actor sumamente dependiente del cumplimiento externo de los compromisos y de la frágil lealtad de sus socios.

El resultado: un Govern con iniciativas, pero sin permisos para ejecutarlas

El balance de la sesión es claro: Illa puede anunciar grandes medidas —vivienda, inversión, internacionalización de la lengua—, pero la factibilidad real de esas medidas es limitada sin Presupuestos aprobados o sin las transferencias económicas prometidas desde Madrid. En este escenario, la hoja de ruta del PSC choca con las prioridades de ERC (financiación), con la escalada de Junts (autodeterminación y amnistía) y con la falta de músculo de los Comuns. El resultado es un Parlament en el que la polarización reduce dramaticamente el margen legislativo del Govern y convierte la gobernabilidad en una labor de supervivencia diaria. 

¿Es sostenible este mapa político?

Las tensiones actuales plantean preguntas incómodas: ¿puede un Govern que depende de promesas ajenas —y que además afronta presiones de oposición y socios— legislar con eficacia? ¿Es razonable mantener agendas maximalistas (referéndum, amnistía) cuando el motor fiscal y presupuestario está gripado? Conviene recordar que la política efectiva combina agenda simbólica y capacidad material para sobrevivir en la gestión cotidiana, y ahora mismo faltan ambas piezas para muchas de las grandes propuestas sobre la mesa.