El Constitucional mantiene por unanimidad la orden de busca y captura sobre Puigdemont

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad mantener en vigor la orden de detención nacional dictada por el Tribunal Supremo contra el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, mientras se tramita el recurso de amparo que presentó frente a la decisión de no aplicarle la ley de amnistía.

La decisión afecta también a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, sobre quienes pesan medidas idénticas. El tribunal ha rechazado igualmente sus solicitudes de suspensión cautelar.

Rechazo a la suspensión cautelar

Puigdemont solicitó el pasado noviembre que el Constitucional dejara sin efecto de manera inmediata las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión dictadas por el magistrado del Supremo Pablo Llarena. Su pretensión era que esa suspensión se mantuviera hasta que el tribunal de garantías resolviera de forma definitiva el recurso de amparo.

Sin embargo, el Pleno ha optado por no adoptar esa medida cautelar. La resolución se alinea con el criterio de la Fiscalía y descarta intervenir provisionalmente en una decisión del Supremo antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto.

En la deliberación se han estudiado las ponencias presentadas por distintos magistrados, tanto del sector progresista como del conservador, que coincidían en un mismo sentido: no suspender la orden de detención mientras no exista sentencia sobre el amparo.

La amnistía, en el centro del recurso

El recurso planteado por la defensa de Puigdemont se dirige contra la decisión del Supremo de no aplicarle la ley de amnistía. En su escrito, los abogados del expresident sostienen que tanto el aval constitucional a la norma como las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —que consideran compatible la ley con el derecho comunitario— eliminan la base jurídica para mantener activa la orden de detención.

No obstante, el Constitucional ha considerado que pronunciarse ahora sobre la suspensión podría anticipar el sentido de la futura sentencia. Uno de los argumentos centrales ha sido evitar cualquier decisión que pueda interpretarse como una desautorización preventiva del instructor del Supremo.

Con esta decisión, la orden dictada por el magistrado Llarena sigue plenamente vigente en territorio nacional. En la práctica, ello impide el regreso a España de Puigdemont sin que se active el procedimiento judicial correspondiente.