La jueza de la DANA apunta directamente al Consell: “No supo alertar a la población”

En el marco de la investigación sobre la gestión de la DANA que sacudió la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, la jueza instructora Nuria Ruiz ha lanzado un mensaje claro y contundente: descarta abrir diligencias contra el Gobierno de España y responsabiliza por completo a la Generalitat Valenciana de lo ocurrido.

En un auto recientemente emitido, la magistrada asegura que las competencias en materia de protección civil y emergencias eran exclusivamente autonómicas y critica duramente la actuación del equipo del presidente Carlos Mazón.

“Una pasividad evidente”

La jueza no se ha limitado a un análisis técnico, sino que ha acompañado su resolución con palabras muy duras hacia la gestión del Consell, al que acusa de “pasividad manifiesta” durante uno de los episodios meteorológicos más extremos de los últimos años.

A su juicio, el intento de algunas partes de atribuir responsabilidades al Gobierno central no hace más que evidenciar una carencia de reflejos políticos y administrativos por parte de la administración autonómica.

“Lo que se ha hecho es reconocer de manera explícita la incapacidad de la Generalitat para gestionar la emergencia”, subraya la magistrada en el documento.

Las competencias estaban claras

En su argumentación, Ruiz recuerda que, según el propio Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la gestión de este tipo de situaciones es responsabilidad exclusiva del ejecutivo autonómico, y que la conselleria correspondiente debía haber asumido el mando único de la emergencia.

También hace referencia a un escrito del director general de Medio Natural —miembro del gobierno de Mazón— en el que reconoce que se ofreció a vigilar cauces y barrancos, un gesto que la jueza interpreta como admisión implícita de la responsabilidad autonómica.

Emergencia no declarada ni por la Generalitat ni por el Estado

Otro de los aspectos más polémicos ha sido la falta de declaración de emergencia nacional o catástrofe natural, algo que desde el entorno del gobierno autonómico se ha intentado esgrimir como fallo del Estado. Sin embargo, la magistrada desmonta este argumento señalando que ninguna de las dos administraciones propuso activar este mecanismo, ni en el momento de los hechos ni en los días posteriores.

“Hubo consenso entre ambas partes de que no procedía tal declaración. Pero además, no era necesaria para activar los protocolos de alerta y protección ciudadana”, concluye la jueza Ruiz.

Una polémica que sigue abierta

La resolución judicial llega en un momento tenso, con el cruce de acusaciones aún muy vivo entre la Generalitat y la Delegación del Gobierno. La instrucción continúa, pero con este auto la magistrada deja claro que la responsabilidad de la gestión recae plenamente sobre el gobierno autonómico, que, según la jueza, falló en su deber de prevenir, informar y proteger a la ciudadanía.