El Gobierno de Sánchez juega su tercera prórroga: los Presupuestos Generales del 2026, marcan el futuro del Gobierno

Desde 2023, España atraviesa una situación inédita en democracia: el Gobierno no ha conseguido aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las cuentas actualmente en vigor fueron diseñadas en la legislatura anterior y han sido prorrogadas dos años consecutivos, en 2024 y 2025. Lo que implica que la actual legislatura ha sido incapaz de tene runos presupuestos. Esta prolongada excepcionalidad no solo refleja la dificultad para articular mayorías en un Congreso altamente fragmentado, sino que limita de forma sustancial la capacidad del Estado para adaptarse a los desafíos del presente. Desde las necesidades del estado del bienestar, hasta el aumento obligado del gasto en defensa.

Un bloqueo que asfixia la planificación económica

Pese a las reiteradas promesas del presidente Pedro Sánchez de presentar unas nuevas cuentas para 2026, el Ministerio de Hacienda aún no ha remitido el techo de gasto ni ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pasos imprescindibles para iniciar el trámite presupuestario. Mientras tanto, el país continúa operando con unas cuentas públicas concebidas para un contexto político, económico y social que ya no existe. Todo mienras se prometieorn unos presupuestos para 2024, que no llegaron, que se prometieron para 2025 y tampoco se hicieron realidad.

La prórroga presupuestaria no es solo un obstáculo técnico, también impide actualizar las prioridades de gasto, frena reformas estructurales y dificulta una respuesta ágil ante nuevas demandas sociales. Además, erosiona el papel del Parlamento como espacio de deliberación y control, al trasladar buena parte de las decisiones estratégicas al Consejo de Ministros, mediante decretos ley o reordenaciones internas de partidas.

Gasto militar sin respaldo parlamentario

Uno de los casos más llamativos de esta legislatura es el aumento del gasto en defensa. En 2025, el Ejecutivo decidió adelantar el compromiso con la OTAN de destinar el 2% del PIB a inversión militar, lo que se tradujo en una partida de más de 33.000 millones de euros. Sin presupuestos nuevos, esta ampliación se ejecutó por la vía de mecanismos extraordinarios: reestructuración de partidas existentes, fondos europeos y remanentes de ejercicios anteriores.

El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa fue aprobado en Consejo de Ministros sin votación en el Congreso, lo que ha generado críticas por falta de transparencia y por evitar el debate parlamentario sobre una cuestión de calado estratégico. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reclamado más claridad sobre su impacto fiscal, advirtiendo que puede poner en riesgo la sostenibilidad presupuestaria si se consolida en el tiempo.

Gobernar en estado de excepción constantes

La continuidad de esta fórmula —una política fiscal sin presupuestos aprobados— se enfrenta a límites cada vez más evidentes. El Gobierno asegura que el gasto militar no compromete el Estado del Bienestar, pero los recursos extraordinarios empleados en 2025, como los fondos Next Generation EU o las partidas no ejecutadas, no estarán disponibles para siempre. Incluir estas inversiones en las cuentas de 2026 será inevitable, lo que obligará a negociaciones parlamentarias con socios que ya han expresado su rechazo a ese incremento. Todavía más dificultades para alcanzar un acuerdo que necesitará el apoyo de demasiados socios. Desde Sumar, hasta Junts, pasando por ERC, PNV, EH Bildu o Unidas Podemos. 

Las consecuencias de la prórroga

El impacto de gobernar en modo prórroga se percibe en varios niveles:

Comunidades Autónomas: reciben transferencias congeladas, lo que complica la planificación de servicios y la ejecución de inversiones.

Inversión pública: se ralentiza por la falta de partidas específicas. El Instituto de Estudios Económicos calcula que España necesita aumentar en 15.000 millones de euros anuales la inversión pública para equipararse con la media europea.

Gasto social: aunque las grandes partidas se mantienen —pensiones, sanidad, educación— el margen para ampliar políticas sociales se reduce drásticamente.

Credibilidad institucional: los socios europeos y los mercados observan con preocupación la incapacidad del país para aprobar presupuestos, en plena revisión del marco fiscal europeo.

El precedente: los últimos presupuestos aprobados

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 fueron los últimos aprobados por el Congreso. Presentados por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, entraron en vigor el 1 de enero de 2023 tras obtener el respaldo de ERC, PNV, EH Bildu y otras formaciones. Se diseñaron en un contexto de recuperación postpandémica y con el trasfondo de la guerra en Ucrania, lo que llevó al Ejecutivo a plantear un gasto récord de más de 578.000 millones de euros, con un fuerte componente social y el impulso de los fondos europeos Next Generation. Una realidad , la del 2023, que poco o nada tiene que ver con la actual. España ha cambiado mucho, tiene nuevas necesidades y el PSOE necesita reaformar que sigue contando con sus socios. Incluso a Puigdemont. Sin embargo, poner de acuerdo a Junts y Podmeos, parece una auténtica quimera.

¿Qué puede pasar en 2026?

La presentación de nuevos presupuestos será una prueba decisiva. El Gobierno aspira a unos presupuestos “más sociales”, pero la aritmética parlamentaria sigue siendo frágil. La coalición entre PSOE y Sumar necesita el respaldo de socios como ERC, Junts, Podemos o Bildu, que en los últimos dos años han bloqueado las cuentas. El aumento del gasto en defensa y las tensiones territoriales no ayudan a alacanzar un acuerdo que Sánches promete, pero que la realidad desaconseja.

Si en 2026 tampoco se aprueban los presupuestos, España entraría en su tercer año consecutivo de prórroga, consolidando una anomalía institucional cada vez más insostenible. Evideciaría que los socios que hicieron presidente a Pedro Sánchez ya no son un apoyo fiable para el PSOE y daría, más y mejores motivos a PP y Vox para pedir elecciones.

El desafío para el Ejecutivo será reconstruir una mayoría viable que permita recuperar la normalidad democrática, o seguir gobernando en modo excepción, con todos los riesgos que eso implica, para su estabilidad electoral y para el bien de todo el país.