Junts se queda solo con Vox en el Congreso: la propuesta "racista" y "xenófoba" que aisla a los de Puigdemont

Junts sólo ha encontrado la comprensión de Vox en su propuesta para reformar la legislación y endurecer los permisos de paternidad que se conceden a temporeros migrantes por posibles fraudes en su concesión. Los de Puigdemont se han quedado solos en un Congreso que ha rechazado su propuesta por ser "racista".

El partido independentista ha defendido este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno una modificación del artículo 30.2 del Real Decreto de 2009 por el que se regulan las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural para introducir requisitos más duros a personas migrantes.

El encargado de defender la iniciativa en la tribuna ha sido el diputado de Junts Isidre Gavín, quien ha asegurado que muchos agricultores vienen denunciando "abusos" en la concesión de permisos de paternidad y fraude. El diputado ha llegado a decir que hay migrantes que perciben varios permisos porque alegan que en su país "son polígamos".

"La Administración concede estos permisos con una solicitud hecha a mano, a veces con letra ilegible y con sello de goma. Vayan ustedes a sacarse el carnet de conducir o a darse de alta como autónomos con un papel escrito", ha subrayado desde tribuna.

Vox dice que Junts se acerca a su posición y "le parece bien"

En el turno de fijación de posiciones, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha dicho que aunque el texto auspiciado por Junts le parece "tímido" apunta en la dirección que el partido de Santiago Abascal "lleva años señalando".

"Nosotros lo dijimos siempre y ahora hasta ustedes, señores de Junts, empiezan a reconocer que teníamos razón", ha dicho Aizcorbe durante su turno de intervención.

Por parte del PP, Agustín Parra ha admitido que el fraude existe y hay que combatirlo con una "respuesta seria", pero ha apuntado que la propuesta de Junts corre el riesgo de "estigmatizar" a colectivos vulnerables y de introducir un sesgo que el PP no puede respaldar. "La lucha contra el fraude es contra el fraude, sin etiquetas ni perjuicios", ha apostillado Parra.

El PSOE denuncia el señalamiento de Junts a los migrantes

La diputada socialista María Carmen Castilla Álvarez ya ha avanzado que su grupo no comparte las argumentaciones de Junts porque estas dan lugar a un "señalamiento" de las personas migrantes.

Así, ha indicado que aunque la lucha contra el fraude es una "obligación de todos", esto no puede traducirse en la creación de "requisitos desproporcionados" ni en el "señalamiento generalizado" de un colectivo determinado, que en este caso son las personas migrantes. "No hay lugar en un Estado de Derecho para medidas que generen desigualdad en el acceso a los derechos sociales", ha esgrimido.

Por su parte, la diputada de En Comú integrada en Sumar Júlia Boada ha reprochado que la propuesta de Junts tan sólo tiene por objeto "recortar derechos" de los trabajadores y además "sin datos ni pruebas". Asimismo, ha recordado que por esos presuntos fraudes sólo se han sancionado a 22 personas en Cataluña.

ERC tacha la propuesta de "xenófoba" y "racista"

Quien se ha mostrado especialmente contrario a la propuesta ha sido el portavoz de asuntos laborales de Esquerra Republicana, Jordi Salvador, que ha dicho que la proposición no de ley es una de las iniciativas "más xenófoba, más racista y más vergonzosa" que ha oído en el hemiciclo de la Cámara Baja. A su juicio, la propuesta de Junts "sólo busca criminalizar" a los migrantes a base de "mentiras".

EH Bildu también ha rechazado la propuesta y la diputada Marije Fullaondo ha dicho que la iniciativa es una "barbaridad" que busca "estigmatizar" al colectivo de personas migrantes y restringirle un derecho simplemente por su origen.

Por último, tanto Podemos como el PNV se han mostrado reacios a la propuesta de Junts. La diputada de Podemos Noemí Santana ha dicho que endurecer los permisos a personas extranjeras es "abrirle las puertas al racismo institucional"; mientras que la portavoz económica del PNV en el Congreso, Idoia Sagastizabal, ha señalado que la iniciativa supondría "llenar de burocracia un derecho para volverlo impracticable para muchos".