Ayuso denuncia que hay una "persecución" contra el juez Peinado por su labor en el caso Begoña Gómez
Según la presidenta es una situación "inaceptable en democracia liberal"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este jueves la supuesta “persecución” que, a su juicio, está sufriendo el juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según Ayuso, esta situación resulta “inaceptable en una democracia liberal”, y evidencia un ataque deliberado de los poderes del Estado contra la independencia judicial.
Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, la presidenta madrileña aseguró que nunca había presenciado un “trabajo tan calculado” contra un magistrado y destacó que Peinado ha tenido que presentar demandas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Transportes, Óscar Puente, por considerar que sus críticas vulneraban su derecho al honor. “El único que queda sentenciado es el juez, de partida”, subrayó, lamentando la presión que, según ella, se ejerce desde los medios de comunicación y las tertulias.
El juez Peinado ha propuesto que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación relacionado con el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y ha citado a la esposa del presidente este sábado para concretar su imputación.
Ayuso calificó la situación en Moncloa como un “culebrón caribeño”, en referencia a la sucesión de causas judiciales que afectan, según ella, al entorno del presidente, incluyendo a su hermano, a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán y a la propia Begoña Gómez. La dirigente madrileña ha afirmado que la corrupción mantiene atado a Pedro Sánchez al poder y que su permanencia en La Moncloa dependería de la culminación de la denominada “ley Bolaños” y de que se concedan amnistías a los allegados del presidente.
Además, Ayuso acusó al presidente del Gobierno de intentar “someter” a los jueces y de “untar con dinero público” a la prensa, en un contexto que, según la presidenta, refleja un constante intento de control político sobre los órganos judiciales.
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