Empieza el último capítulo del ‘caso Gürtel’ con los líderes confesando los hechos

Después de más de diez años de investigaciones y múltiples piezas judiciales, la Audiencia Nacional abre la fase final del ‘caso Gürtel’, considerada la más relevante de toda la macrocausa. Correa y Crespo, jefes visibles de la trama, forman parte de un grupo de acusados que ya ha admitido hechos para atenuar penas, mientras más de veinte personas y varias sociedades vinculadas al entramado sentarán al banquillo de los acusados. Este juicio marca un momento clave en la historia judicial reciente de España.

La pieza clave del juicio

Esta etapa se centra en presuntos delitos fiscales cometidos por los principales líderes de la trama. La Fiscalía Anticorrupción solicita 77 años de prisión para Correa y Crespo por ocultamiento de patrimonio y blanqueo de fondos derivados de actividades ilícitas investigadas en otras piezas del ‘caso Gürtel’.

Fuentes jurídicas confirman que el proceso será largo y complejo, dada la cantidad de personas y sociedades implicadas, algunas de las cuales tendrán que responder también como responsables civiles subsidiarios.

El funcionamiento de la trama

Según el Ministerio Público, Correa dirigió un entramado societario entre finales de 1998 y 2009 con el objetivo de enriquecer de manera ilícita con dinero público: "Fundamentalmente, con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con esta actividad".

La trama operaba especialmente en la organización de acontecimientos y viajes, y bajo su dirección se desarrollaba una continua actividad destinada a ocultar ingresos y deducir gastos indebidamente: "Se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida al ocultamiento de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos".

Asesores y colaboradores clave

El juez instructor, José de la Mata, considera Luis de Miguel y Ramón Blanco como cooperadores necesarios, con un papel central en el diseño del fraude: "Su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación". También destaca que "eran conscientes que los entramados que crearon y posaron al servicio de Correa y Crespo, para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública".

Otros acusados incluyen administradores y empleados vinculados a Correa, como Isabel Jordán, Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado e Inmaculada Mostaza, así como empresarios y supuestos testaferros implicados en la operativa.

Estructuras de fraude y blanqueo

La trama utilizaba facturas falsas, sociedades pantalla y complejas estructuras financieras para ocultar ingresos y encubrir la titularidad de los fondos. El juez describe la maniobra con tres objetivos: sobornar cargos públicos, reducir la base imponible y esconder los verdaderos beneficiarios.

En cuanto al blanqueo de capitales, los acusados diseñaban mecanismos para dar apariencia de legalidad a bienes ilícitos, bajo la dirección de Correa y Crespo y siguiendo una jerarquía centrada en "el enriquecimiento de su líder".

Impacto económico y responsabilidades

Las responsabilidades pecuniarias totales superan los 199 millones de euros. El fraude a Hacienda se estima en 24,8 millones de euros en concepto de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio entre 2000 y 2007. Crespo también habría escondido parte de sus ingresos derivados de adjudicaciones irregulares y actividades con Correa, utilizando estructuras en España y al extranjero, cobrando parte en efectivo o mediante sociedades vinculadas.

Este juicio representa la culminación de uno de los procesos de corrupción más importantes de la historia reciente de España, con consecuencias legales y económicas significativas, y pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para cerrar un capítulo que ha marcado la política y la gestión pública del país durante años.