Trabajo abre la puerta a indemnizaciones que realmente frenen los despidos

Después de años de debate y resoluciones europeas, el Ministerio de Trabajo inicia la revisión de las indemnizaciones por despido improcedente. El objetivo es establecer un sistema que repare el perjuicio sufrido por los trabajadores y que, al mismo tiempo, desincentive prácticas empresariales injustificadas, creando un equilibrio entre derechos laborales y seguridad jurídica para las empresas.

Convocatoria y marco institucional

El encuentro tendrá lugar lunes 20 de octubre a las 9.30 horas y será presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de Yolanda Díaz y responsable de todas las tablas de diálogo social que convoca el Ministerio.

Esta reforma está incluida en el programa del Gobierno de PSOE y Sumar y se enmarca en las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Según el Comité, la indemnización actual de 33 días por año trabajado "no es bastante elevada para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasiva para el empresario".

Antecedentes sindicales y resoluciones europeas

CCOO y UGT denunciaron España ante el CEDS, que emitió sentencias en julio de 2024 y en junio de 2025. Los sindicatos señalaban que el sistema español "no permite reclamar una indemnización vinculada al mal real ni que esta sea mínima, accesible y efectiva".
Las resoluciones indican que España vulnera el artículo 24.b de la Carta Social Europea, especialmente en cuanto a trabajadores temporales contratados en fraude de ley.

La postura del Tribunal Supremo

Aunque algunos tribunales habían aplicado estas resoluciones para incrementar indemnizaciones puntuales, el Tribunal Supremo sentenció en julio pasado que "la indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores no puede ver incrementada en vía judicial".

El Supremo argumenta que el derecho a una "indemnización adecuada" es "literalmente inconcreto" y requiere una intervención legislativa. Además, subraya que la fórmula actual proporciona "seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida de la misma ocupación, son reparados en iguales termas". También recuerda que las resoluciones del CEDS "no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares".

Objetivos sindicales y de la ministra Díaz

Los sindicatos reclaman que la negociación empiece cuanto antes mejor para garantizar que la reforma sea efectiva. Según CCOO y UGT, las indemnizaciones tienen que "repasar el mal causado al trabajador" y tener un efecto claramente disuasivo sobre los despidos injustificados, adaptar a la situación de cada empleado.

La ministra Díaz confirmó recientemente que la mesa arranca este lunes, cumpliendo las demandas sindicales y marcando el inicio de una fase clave en la revisión de la legislación laboral.

Tensiones con la patronal

La propuesta genera recelos entre la CEOE, el principal representante empresarial, y su presidente, Antonio Garamendi, que ha criticado el "monólogo social" de la vicepresidenta y su enfoque, que segundos él responde a intereses políticos.

Desde Trabajo, Joaquín Pérez Rey respondió: "Estar en una tabla de diálogo social no es solo para calentar la silla. Hay que estar para proponer, para hacer propuestas y para conseguir acuerdos. El Ministerio de Trabajo no ha variado esta manera de conducta en los ya largos cinco años que llevamos al frente de esta gestión".