Junts rechaza el 'escudo social' por ser “injusto” con el pequeño propietario
Miriam Nogueras asegura que, tras analizar la "letra pequeña" no es una solución para el problema
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado que su formación votará en contra del nuevo real decreto ley del ‘escudo social’, que incluye la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un “fondo buitre”, así como la extensión del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.
Nogueras ha argumentado que, tras analizar “la letra pequeña” del texto, Junts considera que la moratoria antidesahucios “no solo no soluciona el problema, sino que es injusta”. A su juicio, el coste de estas medidas está recayendo sobre “el pequeño propietario y los vecinos”.
La dirigente independentista ha criticado además que el Gobierno intentara la semana pasada incluir en un mismo decreto la revalorización de las pensiones y las medidas sociales vinculadas a la vivienda. Según ha señalado, su partido no aceptó ese planteamiento pese al “chantaje, las presiones y las mentiras” del Ejecutivo. “El Gobierno español ha tenido que rectificar”, ha sostenido.
El coste de la moratoria
Nogueras ha defendido que el coste de la suspensión de desahucios debería asumirlo directamente el Estado. “Si hay dinero para pagar millones de euros a los inspectores de Hacienda, tiene que haberlos para pagar a aquellas personas que realmente lo necesitan”.
Junts sí ha garantizado su apoyo al decreto específico sobre la revalorización de las pensiones, y ha celebrado que finalmente el Gobierno haya optado por tramitar esa medida en una norma independiente.
El acuerdo entre el Gobierno y el PNV
El nuevo decreto llega tras el acuerdo entre el Gobierno y el PNV, que permitió ampliar la protección a propietarios con una o dos viviendas en alquiler o en situación de vulnerabilidad, de modo que no queden afectados por la prórroga del ‘escudo social’.
Con este ajuste, la suspensión de desahucios se mantiene para inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador sea un gran tenedor, mientras que en los demás casos corresponderá a los servicios sociales buscar una solución de emergencia.
La votación en el Congreso será determinante para la convalidación del decreto, que previsiblemente afrontará un escenario ajustado tras el rechazo anunciado por Junts.
Escribe tu comentario