ERC y el Gobierno pactan 90 nuevas unidades judiciales y Catalunya sumará 181 plazas en dos años

ERC y el Estado han cerrado un acuerdo para la creación de 90 nuevas unidades judiciales en Catalunya, que se añaden a las 91 ya pactadas previamente dentro del reparto de 500 plazas aprobado por el Ejecutivo para el conjunto de comunidades autónomas. Con ambos compromisos, Catalunya incorporará 181 nuevas plazas judiciales en dos años.

Según ha informado el Govern este jueves y ha detallado ERC en un comunicado, el pacto supone un refuerzo “significativo” del sistema judicial catalán mediante el incremento del número de juezas y jueces en activo.

De 870 a 1.051 jueces en dos años

Actualmente, en Catalunya ejercen alrededor de 870 juezas y jueces. Con la implementación de los dos acuerdos paralelos, la cifra se elevará hasta 1.051 efectivos, lo que representa uno de los mayores aumentos de la planta judicial en los últimos años.

ERC subraya que el Gobierno se compromete a incrementar “de forma decidida” la planta judicial, con el objetivo de acercar la ratio de jueces por habitante a la media europea, en línea con los objetivos fijados en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

La cuestión de la insuficiencia de órganos judiciales en Catalunya ha sido recurrente en los debates sobre la sobrecarga estructural de juzgados, especialmente en jurisdicciones como la penal o la social, donde los tiempos de resolución acumulan retrasos significativos.

En el marco de la Ley de Eficiencia

El incremento de plazas se enmarca en el despliegue de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que impulsa una ampliación global de la planta judicial en todo el Estado.

Además, el acuerdo garantiza que la nueva regulación sobre multirreincidencia, que se prevé aprobar este jueves en el Congreso, vaya acompañada de más recursos y mayor capacidad de actuación judicial. Esta reforma busca endurecer la respuesta penal ante delincuentes reincidentes, una cuestión que ha generado amplio debate político y social en Catalunya, especialmente en el área metropolitana de Barcelona.

Con este movimiento, ERC y el Ejecutivo central refuerzan la vía de negociación bilateral en materia de justicia y consolidan un aumento estructural de recursos en uno de los ámbitos más tensionados del sistema institucional catalán.