El Gobierno plantea una deducción del 100% en el IRPF a propietarios que congelen el alquiler

 El Gobierno estudia introducir una deducción de hasta el 100% en el IRPF para los ingresos procedentes del alquiler de vivienda, siempre que el propietario mantenga o reduzca el precio del contrato respecto al anterior. La medida formará parte de un real decreto ley que todavía se encuentra en fase de negociación y que busca contener el aumento de las rentas en el mercado residencial mediante incentivos fiscales.

La propuesta fue adelantada en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió que el objetivo es favorecer tanto a propietarios como a inquilinos. Según el planteamiento del Ejecutivo, los arrendadores que opten por no subir el precio del alquiler podrán compensar esa decisión con una mayor reducción fiscal en la declaración de la renta.

La iniciativa se enmarca en el debate sobre el encarecimiento del alquiler en las grandes ciudades españolas y pretende utilizar herramientas tributarias para frenar la subida de precios sin recurrir exclusivamente a límites administrativos.

Incentivos fiscales para contener las rentas

Actualmente, la normativa fiscal ya contempla reducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ingresos derivados del alquiler de vivienda habitual. En algunos casos, especialmente en zonas declaradas como tensionadas, estas bonificaciones pueden alcanzar el 90%.

El nuevo planteamiento ampliaría ese margen hasta el 100% de reducción fiscal si el propietario decide mantener el precio del alquiler o incluso rebajarlo en la renovación del contrato.

Según cálculos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el impacto podría ser relevante en algunos casos. Por ejemplo, en un alquiler mensual de 1.100 euros en ciudades como Barcelona o Madrid, una rebaja del 5% permitiría al inquilino ahorrar alrededor de 660 euros al año, mientras que el propietario obtendría una ventaja fiscal cercana a 650 euros.

La medida cobra especial relevancia para los contratos firmados en 2021, muchos de los cuales deberán renovarse durante 2026. El Ministerio de Consumo estima que más de 600.000 contratos alcanzarán ese momento en un contexto de fuerte incremento de los precios del alquiler, con subidas acumuladas que en algunos mercados superan el 30%.

Qué propietarios podrán acogerse a la medida

A falta de que se publique el texto definitivo del decreto, el incentivo fiscal se aplicaría exclusivamente a viviendas destinadas a residencia habitual. Quedarían fuera los arrendamientos turísticos, de temporada o aquellos gestionados como actividad empresarial.

Además, la deducción estaría dirigida principalmente a personas físicas que declaren rendimientos del capital inmobiliario, ya que se trata de una modificación del IRPF. En consecuencia, los alquileres gestionados por sociedades no podrían acogerse a este beneficio.

Especialistas del ámbito jurídico consideran que la medida busca compensar económicamente a los propietarios que decidan no incrementar el precio del alquiler en un contexto de presión al alza en el mercado residencial.

Un impacto incierto en el mercado del alquiler

El efecto real de la iniciativa sobre los precios podría variar según la situación de cada territorio. En áreas con menor presión inmobiliaria, el incentivo fiscal podría resultar suficiente para que algunos propietarios opten por mantener la renta del alquiler.

Sin embargo, en ciudades con una demanda muy elevada y escasez de oferta, algunos arrendadores podrían seguir optando por subir los precios si el incremento de la renta supera el beneficio fiscal.

Diversos analistas consideran que este tipo de medidas pueden contribuir a moderar ciertas subidas, especialmente entre pequeños propietarios, aunque advierten de que no resolverán por sí solas el problema estructural del acceso a la vivienda.

Entre los factores que siguen condicionando el mercado se encuentran el déficit de vivienda disponible, el aumento de la demanda en grandes áreas urbanas y la falta de nueva construcción en alquiler.

El Gobierno continúa negociando el contenido del real decreto ley que incluirá esta medida fiscal. Si finalmente se aprueba durante 2026, la deducción podría aplicarse en la declaración de la renta correspondiente a ese ejercicio, que se presentará en la campaña fiscal de 2027.

El Ejecutivo prevé que el incentivo se convierta en una herramienta para facilitar la renovación de contratos de alquiler en los próximos meses sin provocar subidas bruscas de precio, en un mercado que seguirá bajo presión en los principales núcleos urbanos.