El Gobierno activa el paso final para la disolución de la Fundación Franco

El Ministerio de Cultura ha dado un nuevo paso en el procedimiento para la eventual extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, al firmar la resolución que pone fin a la vía administrativa y trasladar el caso a los tribunales a través de la Abogacía del Estado.

A partir de ahora, será un juez quien determine si procede o no la disolución de la entidad.

Un procedimiento basado en la ley de memoria
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que el expediente está “bien fundamentado” y que existen indicios suficientes de que la fundación no cumple con los fines de interés general exigidos por la normativa vigente.

Según el Gobierno, el análisis jurídico sostiene que la organización habría realizado actividades y difundido mensajes considerados incompatibles con la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022.

Años de investigación y revisión de material
El expediente se ha construido tras un proceso iniciado en 2024, con diferentes fases de alegaciones y revisión documental.

Entre la documentación analizada figuran miles de publicaciones, además de informes elaborados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Abogacía del Estado, que concluyen que el procedimiento cumple los requisitos legales para su tramitación.

La defensa del Gobierno y el debate político
El Ejecutivo sostiene que actúa “con la ley en la mano” y que la medida busca proteger la dignidad de las víctimas del franquismo.

Urtasun ha señalado que, en su opinión, existen bases jurídicas suficientes para la extinción, aunque la última palabra corresponde ahora a la Justicia.

Reacción de la fundación
Desde la propia Fundación Franco se rechaza el procedimiento y se denuncia una persecución política, asegurando que recurrirán todas las vías legales disponibles para frenar su disolución.

También en juego el archivo documental
En paralelo, el Ministerio de Cultura ha solicitado la recuperación de cerca de 30.000 documentos vinculados a la entidad, al considerar que forman parte del patrimonio histórico del Estado por su origen institucional.