El suculento sueldo que cobrarían Irene Montero y otros políticos como eurodiputados
A parte del sueldo, tendrían el privilegio de viajar en clase business a Estrasburgo y Bruselas cada vez que asistieran a un Pleno, comisión o reunión de su grupo
Irene Montero será la número 1 de la lista de Podemos en las elecciones europeas que se celebrarán el año que viene. Tras un 2023 convulso en la formación morada, con la escisión de Sumar y el abandono de muchos cargos hacia la formación de Yolanda Díaz, es inevitable mirar hacia los comicios continentales.
Cualquier eurodiputado que obtenga un escaño cobrará un salario neto mensual de 7.776,06 euros, según las cifras oficiales del Parlamento Europeo para el año 2023. Aunque el salario bruto es de 9.975,42 euros, se deben descontar impuestos de la Unión y la cotización a un seguro de accidentes de esta cantidad.
Adicionalmente, tendrían el privilegio de viajar en clase business a Estrasburgo y Bruselas cada vez que asistiera a un Pleno, comisión o reunión de su grupo. Durante su estancia en cualquiera de estas dos ciudades, el Parlamento Europeo le reembolsaría una dieta fija diaria de 338 euros para cubrir los gastos de alojamiento y manutención.
A esto se sumaría otra asignación mensual de 4.778 euros destinada a cubrir los gastos generales relacionados con su actividad parlamentaria. Estos gastos incluirían el alquiler y administración de oficinas, gastos de teléfono y suscripciones, actividades de representación, adquisición y mantenimiento de equipos informáticos y teléfonos, así como la organización de conferencias y exposiciones.
Los beneficios de la Eurocámara no terminan aquí. Cuando un eurodiputado debe viajar a un país que no sea Bélgica o Francia para asistir a conferencias o eventos laborales, tiene derecho al reembolso de sus gastos de viaje, alojamiento y otros gastos asociados, con un límite máximo de 4.716 euros anuales.
Además, dos terceras partes de sus gastos médicos son cubiertas por el presupuesto comunitario. Al concluir su mandato, la Eurocámara le otorga una indemnización transitoria equivalente a su asignación mensual, calculada a razón de un mes por cada año de ejercicio del mandato. Esta indemnización puede percibirse durante un máximo de dos años, pero no es compatible con ningún otro salario público.
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