Europa avisa a España: los inmigrantes regularizados que intenten establecerse en Europa serán devueltos

La ambiciosa regularización extraordinaria de personas extranjeras que el Gobierno de España tiene previsto activar de forma inminente ha encendido las alarmas en el corazón de la Unión Europea. Aunque la competencia para otorgar papeles es estrictamente nacional, Bruselas ha querido dejar claro que estas decisiones no ocurren en un vacío y que el espacio Schengen impone unas reglas de juego que España está obligada a cumplir.

El mensaje enviado desde la Comisión Europea al diario EL MUNDO es tajante: el estatus legal obtenido en territorio español tiene una validez geográfica limitada. Si una de estas personas intenta establecerse en otro país de la Unión sin los permisos correspondientes, la normativa comunitaria obligará a su retorno inmediato a España.

Un permiso de residencia, no un "cheque en blanco"

El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha sido el encargado de poner voz a las reservas que existen en Bruselas. Según el alto cargo austríaco, la soberanía de cada país para regularizar a su población migrante conlleva una responsabilidad compartida. En este sentido, Brunner ha subrayado que un permiso de residencia nacional no funciona como un "cheque en blanco" para la libre circulación laboral o residencial por el resto del continente.

La preocupación subyacente en el club de los 27 es el llamado "efecto contagio" o las consecuencias negativas que un proceso de esta magnitud —que podría afectar a entre 500.000 y 800.000 personas— pueda tener sobre los sistemas de protección y mercados laborales de países vecinos como Francia o Alemania.

Vigilancia estrecha sobre el proceso español

Bruselas no se limitará a observar de lejos. La Comisión ha confirmado que mantendrá una supervisión especial sobre el desarrollo de esta medida para garantizar que España asuma las consecuencias de su decisión. Si un ciudadano regularizado por la vía extraordinaria es localizado en situación irregular en otro Estado miembro, España será el destino obligatorio de su devolución, ya que sigue siendo el país garante de su estatus legal.

Esta postura refuerza la idea de que la migración es un reto que, aunque se gestione por capitales, afecta a la integridad del proyecto europeo. La responsabilidad de cada Estado es velar por que sus políticas internas no desequilibren la estabilidad del resto de socios comunitarios.