El Supremo autoriza el final del referéndum catalan: los Mossos podrán destruir las pruebas del 1-O

El Tribunal Supremo ha dado luz verde a la destrucción del material intervenido durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, una decisión que marca un cierre simbólico a uno de los episodios más relevantes de la historia reciente en Catalunya. Tras más de ocho años almacenados en dependencias policiales, los objetos requisados podrán ser eliminados, aunque bajo determinadas condiciones fijadas por el alto tribunal.

Una decisión con condiciones: conservar muestras

La resolución responde a la solicitud planteada por los Mossos d'Esquadra, quienes habían pedido poder deshacerse del material acumulado durante años. El tribunal ha aceptado la petición, pero establece que antes de su destrucción se deberán conservar una o dos muestras representativas de cada tipo de material.

Entre estos elementos se encuentran principalmente urnas, papeletas y sobres utilizados durante la jornada del referéndum. Estas muestras no permanecerán en Catalunya, sino que deberán ser trasladadas a Madrid, donde quedarán bajo custodia del propio Tribunal Supremo durante un periodo adicional.

Del almacenamiento a la eliminación definitiva

Hasta ahora, todo este material se encontraba repartido en distintas comisarías del territorio catalán. Con la nueva decisión judicial, será trasladado al complejo central de los Mossos en Sabadell, desde donde se procederá a su destrucción controlada.

Este paso se produce más de siete años después de los hechos del 1-O y tras haberse dictado sentencia en la causa contra los principales líderes independentistas, lo que refuerza el carácter simbólico del momento.

Un cierre que trasciende lo material

Más allá de la eliminación física de urnas y papeletas, la decisión del alto tribunal representa un gesto que muchos interpretan como el fin administrativo de una etapa judicial y política.

El mantenimiento de algunas muestras, por su parte, responde a la necesidad de preservar elementos que puedan tener valor documental o histórico, asegurando que una parte de ese episodio permanezca registrada bajo control institucional.