El impacto de la huelga médica: servicios mínimos y presión creciente en Catalunya

La convocatoria de huelga de médicos, iniciada el lunes 17 de febrero, forma parte de un calendario de protestas que se prolongará hasta junio y que incluye paros mensuales en todo el Sistema Nacional de Salud. Las organizaciones convocantes reclaman una reforma profunda del marco laboral que regula la profesión médica y denuncian que la actual normativa no responde a la carga asistencial ni a la complejidad técnica del trabajo clínico.

En Catalunya, el Departamento de Salut ha activado un dispositivo de servicios mínimos que garantiza la actividad urgente y reduce al 25% la atención primaria. Los hospitales mantienen operativas las intervenciones críticas, pero han reprogramado buena parte de las consultas externas y de las pruebas no urgentes. La Generalitat insiste en que el impacto está “controlado”, aunque reconoce que la presión asistencial se incrementará a lo largo de la semana.

Un conflicto que viene de lejos

La protesta se enmarca en un debate que lleva años abierto: la reforma del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario en toda España. Los sindicatos médicos reclaman un Estatuto Propio del Médico, una figura jurídica que permita adaptar la regulación a las particularidades de la profesión, desde la formación continuada hasta la disponibilidad horaria o la carrera profesional.

El malestar se ha intensificado tras la pandemia, cuando la sobrecarga asistencial y la falta de reposición de plantillas dejaron al descubierto las debilidades estructurales del sistema. En comunidades como Madrid, el impacto económico de la huelga ya se ha cuantificado: 7.377 consultas y 472 intervenciones quirúrgicas suspendidas en una sola jornada, con un coste estimado de 900.000 euros. En Castilla-La Mancha y Andalucía, el seguimiento ha alcanzado picos del 75%, lo que evidencia la extensión territorial del conflicto.

Las voces del sector y la presión social

Las organizaciones convocantes coinciden en que la huelga es un último recurso. La secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, ha trasladado que la decisión de parar “refleja el agotamiento acumulado y la sensación de que las reivindicaciones no encuentran respuesta”. Desde Castilla-La Mancha, el presidente del sindicato médico, Jorge Curiel, advierte de que el conflicto podría intensificarse si no se producen avances en las próximas semanas.

El movimiento ciudadano Sanidad Pública Segura, surgido para apoyar las reivindicaciones del sector, ha superado las 70.000 firmas en menos de diez días. Su crecimiento refleja un malestar social que trasciende las demandas estrictamente laborales y que apunta a la necesidad de reforzar la sanidad pública en su conjunto.

Consecuencias para los pacientes y horizonte inmediato

La huelga afecta de forma directa a millones de usuarios del sistema sanitario. Aunque las urgencias y los tratamientos vitales están garantizados, la reprogramación de consultas y pruebas genera incertidumbre entre los pacientes, especialmente aquellos con patologías crónicas o en seguimiento diagnóstico. En Catalunya, la Generalitat prevé que la actividad asistencial se normalice parcialmente a partir del jueves, aunque el impacto acumulado podría prolongarse durante semanas.

Las próximas jornadas de protesta están previstas en Madrid y Catalunya, donde los sindicatos mantienen abiertas sus demandas de negociación. El Ministerio de Sanidad ha reiterado su disposición al diálogo, pero no ha concretado plazos para una reforma normativa de alcance estatal. La evolución del conflicto dependerá de la capacidad de las administraciones para articular un marco de negociación estable y de la respuesta que reciban las reivindicaciones profesionales.