Un recurso judicial frena la incorporación de 1.800 nuevos funcionarios de la Generalitat

Lo que debía ser un proceso rutinario para reforzar los cuerpos de la administración catalana se ha convertido en un embrollo judicial y burocrático que mantiene en vilo a más de 1.800 personas. Opositores que aprobaron sus pruebas con éxito a finales de enero siguen, a día de hoy, sin plaza asignada y sin poder incorporarse a sus funciones, debido al bloqueo de un concurso de traslados motivado por un recurso judicial que todavía está a la espera de poder solucionarse. Meses y meses de bloqueo que, según explican desde la Generalitat de Catalunya, estas no podrán ser distribuidas hasta que las primeras estén resueltas.

El origen del caos se remonta a un proceso de selección de la Generalitat cuando ERC gobernaba, y que fue convocado el 16 de febrero de 2024, que ofertaba 1.260 plazas para dos cuerpos superiores del funcionariado catalán. Las pruebas se realizaron en octubre, y los resultados definitivos se conocieron a finales de enero de 2025. 

Según ha podido saber CatalunyaPress, la raíz del conflicto está en la impugnación presentada por un opositor que optaba a una de las plazas. El denunciante considera en su denuncia que las bases de la convocatoria vulneraban sus derechos fundamentales, al entender que “los méritos de un funcionario interino no pueden estar por encima de los de uno de nuevo acceso”, según confirmaron fuentes del Departament de la Presidència.

Este recurso contencioso-administrativo ha tenido efectos en cadena sobre el resto del proceso. Para evitar una posible nulidad total en caso de que el recurso prosperara, la Generalitat optó por paralizar la ejecución completa del concurso, a la espera de la resolución judicial. Una decisión que fue consensuada y recomendada por los servicios judiciales de la administración catalana.

“Un solo recurso afecta a miles de personas”

Desde el Govern reconocen que la situación ha generado una gran inquietud y malestar entre los opositores y funcionarios interinos que esperan su destino desde hace meses. “Somos conscientes del impacto humano, pero el procedimiento es el adecuado”, aseguran desde Presidència. Explican que este tipo de concursos tiene un efecto dominó: “Una sola persona puede alterar los movimientos de la mayoría de participantes”.

La situación ha alcanzado tal grado de complejidad que incluso se ha paralizado también la adjudicación de otras 650 plazas públicas, ya que dependen directamente del cierre del primer proceso. En palabras de Presidència, “es muy difícil cuantificar con exactitud cuántas personas están afectadas, ya que muchos aspirantes optan a varias plazas al mismo tiempo”, aunque el cálculo estimado ronda las 1.800 personas , calculan. 

“Entrarán en la Generalitat, no hay riesgo de paro”

El Departament de la Presidència ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los afectados. En estos últimos días, han confirmado a CatalunyaPress que se ha enviado un comunicado interno dirigido a los afectados, en el cual se explica todo el problema y la situación que se vive actualmente. Además, aseguran que todos los candidatos que han superado las oposiciones tendrán su plaza garantizada, y que “no existe riesgo alguno de que se queden sin trabajo o en el paro”, explican a nuestro medio. El retraso, insisten, se debe exclusivamente a la prudencia legal frente al recurso judicial en curso.

En paralelo, confirman que se han mantenido reuniones recientes con los sindicatos para informarles y explorar soluciones, aunque no se ha fijado un calendario definitivo para la resolución del proceso. “Hasta que no se resuelva el recurso, no se puede reactivar el concurso”, explican.

Una espera que pone a prueba la paciencia de los aspirantes

Para muchos de los aspirantes, la espera se ha convertido en una auténtica fuente de angustia e incertidumbre. Tras meses de estudio, exámenes y sacrificios personales, el hecho de haber aprobado no ha sido suficiente para acceder al puesto que les corresponde por méritos propios.

Aunque el Govern garantiza que la incorporación se hará efectiva tarde o temprano, el caso ha evidenciado las fisuras de un sistema de acceso público que puede quedar completamente bloqueado por una sola impugnación judicial. Mientras tanto, cientos de personas siguen esperando —con la maleta hecha y la plaza ganada— a que la burocracia y la justicia se pongan de acuerdo para dejarles, por fin, trabajar.