El rompecabezas inacabado del 17-A: ocho años de clamor por la verdad y la justicia para las víctimas

Más de 300 afectados, muchos de ellos sin reconocimiento oficial, denuncian el abandono institucional y exigen una investigación completa, reabriendo viejos y oscuros interrogantes.

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Familiares participan en el acto institucional en recuerdo a las víctimas de los atentados del 17A, en la Pla de l’Ós, a 17 de agosto de 2023, en Barcelona, Catalunya (España).- Lorena Sopêna / Europa Press

 

El rompecabezas inacabado del 17-A: ocho años de clamor por la verdad y la justicia para las víctimas

Más de 300 afectados, muchos de ellos sin reconocimiento oficial, denuncian el abandono institucional y exigen una investigación completa, reabriendo viejos y oscuros interrogantes.

Barcelona se prepara para conmemorar el octavo aniversario de los ataques terroristas en Las Ramblas y Cambrils. Una furgoneta blanca recorrió 530 metros por el paseo central, causando una masacre que dejó 16 personas fallecidas y más de 130 heridos. Si bien el solemne acto institucional del Ayuntamiento honra la memoria, el aniversario también trae consigo un profundo malestar entre las víctimas, que se han unido para reclamar la transparencia que sienten que les ha sido negada durante años.

 

Un Aniversario de Lucha y Memoria

Este año, el aniversario adquiere un nuevo significado con la creación de la Associació 17-A: Volem saber la veritat. Esta entidad, presidida por Javier Martínez, padre del niño asesinado en La Rambla, nace de la necesidad de canalizar el dolor en una acción que garantice que "Nadie me devolverá a mi hijo, pero queremos saber qué falló". La asociación se propone convertirse en el motor de una lucha cívica para obtener las respuestas que las administraciones no han proporcionado. El clamor es unánime: las víctimas no solo buscan ser recordadas, sino que exigen una reparación moral y una investigación exhaustiva que aún no han recibido.

 

La Deuda Asistencial del Estado

Las víctimas de los atentados no solo han tenido que lidiar con las secuelas emocionales, sino también con lo que han descrito como un trato institucional deficiente. La extinta UAVAT (Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme), coordinada por Robert Manrique, denunció en su momento el "desgavell" de la asistencia. Manrique ha recordado que muchas víctimas se sienten "engañadas, abandonadas, incomprendidas y tristes". La cifra oficial de 368 afectados contrasta con la realidad de que 91 de ellos siguen sin indemnizar y unas 120 no han sido reconocidas de forma oficial. A pesar de los años transcurridos, Manrique sigue descubriendo casos de personas que figuran en la sentencia pero que nunca fueron buscadas por la administración para informarles de sus derechos. La reclamación de un protocolo específico y una ley catalana de protección de las víctimas sigue siendo una asignatura pendiente.

 

El Mosaico de los Homenajes

El recuerdo del 17-A se manifiesta de diversas formas en toda Cataluña, más allá del acto principal de Barcelona. El homenaje central tendrá lugar este domingo 17 de agosto, a las 10:00 horas, en el Pla de l'Ós, donde autoridades y afectados se congregarán para una ofrenda floral, un minuto de silencio y la música del Cant dels Ocells.

Sin embargo, la solemnidad de este evento coexiste con actos paralelos. La ACVOT (Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas), presidida por José Vargas, ha denunciado sistemáticamente su exclusión de los homenajes oficiales, una dinámica que se ha mantenido tanto con la alcaldesa Ada Colau como con el actual alcalde Jaume Collboni. Esta marginación ha llevado a la ACVOT a celebrar su propio homenaje, ya que según Vargas, "el consistorio no lo quiere hacer conjunto".

El recuerdo también se descentraliza hacia otras localidades. Sant Adrià de Besòs descubrirá una placa en memoria de los afectados de la ciudad, mientras que Cambrils convocará su propio homenaje al día siguiente en el Memorial de la Pau. En Ripoll, la localidad de donde procedían los terroristas, se realizará una ofrenda floral en el monolito inaugurado el año pasado, aunque el acto no ha estado exento de polémica por el veto a la comunidad musulmana por parte del ayuntamiento. En Bagà, un pequeño pueblo del Berguedà, la ‘trail’ del Moixeró rendirá su propio tributo con un minuto de silencio antes de la carrera, un gesto que Robert Manrique ha destacado como ejemplo de apoyo en contraste con la pasividad de grandes entidades deportivas.

 

Un Expediente Judicial No Concluido

El proceso judicial oficial, que concluyó en mayo de 2021 con la sentencia de la Audiencia Nacional, condenó a los tres supervivientes de la célula por pertenencia a organización terrorista y fabricación de explosivos, con penas de entre 8 y 53 años. Sin embargo, no se les condenó por los asesinatos al considerar que los autores materiales habían sido abatidos por la policía. Esta conclusión es la que más frustración ha generado entre las víctimas. El abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha criticado que la Audiencia Nacional y el Supremo no siguieran su propia jurisprudencia, que establece que "todos los integrantes de una célula terrorista son responsables de todo aquello que hace la célula".

Las sombras en torno a la investigación se han centrado en la figura del imán Abdelbaki Es Satty. Se ha revelado que era confidente del CNI, y que, a pesar de tener una orden de expulsión por tráfico de drogas, se le concedió una residencia legal. Además, testimonios de vecinos de la casa de Alcanar, donde la célula preparaba los explosivos, relatan que un "hombre viejo y canoso" abandonó la urbanización en la furgoneta del imán después de las explosiones, una pista que la investigación no aclaró.

 

La Batalla Legal que Traspasa Fronteras

Ante el cierre de puertas en España, la Associació 17-A ha decidido ampliar su lucha a nivel internacional. Tras el rechazo de su demanda por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), están contactando con víctimas y abogados de otros países como Francia para iniciar acciones legales allí. Su objetivo es aprovechar que la justicia española no juzgó los asesinatos en sí, abriendo una posible vía para que otras jurisdicciones tomen el caso. La determinación del grupo ha sido resumida por el ex-Mosso d'Esquadra David Torrents: "Si l'Administració no ho fa, ho farem nosaltres". A ocho años de la tragedia, la memoria sigue viva, pero la búsqueda de la verdad y la justicia por parte de las víctimas se ha convertido en una lucha cívica que no parece tener fin.

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