Vídeo | La Audiencia Nacional pierde a Ángela Murillo, pionera en la Sala de lo Penal

El eco de su figura recorre tanto Extremadura como Madrid, donde su nombre queda unido para siempre a la transformación de uno de los órganos más decisivos del sistema judicial español.

La magistrada extremeña Ángela Murillo muere este viernes a los 73 años y deja tras de sí una trayectoria que rompe techos de cristal y redefine el papel femenino en la judicatura. En 1993 se convierte en la primera mujer en ingresar en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde además llega a presidir una de sus secciones, un hito sin precedentes en el tribunal.

Desde Mérida hasta Madrid, las reacciones no se hacen esperar. La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, pone en valor su figura y la reivindica como un "ejemplo de rigor, valentía y compromiso con la Justicia".

Los primeros pasos en la judicatura

Natural de Almendralejo, en la provincia de Badajoz, Murillo ingresa en la carrera judicial en septiembre de 1980. Su primer destino como jueza de instrucción se sitúa en Lora del Río, en Sevilla. Tiene entonces 25 años y su presencia al frente de un juzgado no resulta habitual. Ella misma recuerda que, en sus primeros días, un hombre entra en su despacho y pregunta por su abuelo, convencido de que aquella joven no puede ser la titular del órgano.

Tras pasar por Vélez Málaga y Onteniente, en Valencia, permanece seis meses en un juzgado de instrucción de San Sebastián. En 1986 obtiene plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid y, poco después, asume la presidencia de la Sección Quinta.

El salto definitivo llega en mayo de 1993, cuando accede a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se convierte en la primera mujer que toma posesión en ese órgano —aunque Manuela Fernández de Prado es designada al mismo tiempo, lo hace con posterioridad— y también en la primera que preside una sección, la Sección Cuarta, con mayoría femenina.

De Nécora a la lucha antiterrorista

Recién incorporada al tribunal central, asume la ponencia del caso Nécora, una de las mayores operaciones contra el narcotráfico en la historia reciente. A lo largo de los años firma resoluciones en sumarios como la Operación Temple o los procesos contra el clan de los Charlines, además de asuntos vinculados a ETA y a Al Qaeda.

Quienes trabajan con ella destacan un método minucioso y artesanal. No abandona el bolígrafo ni el papel, se lleva los tomos a casa, elabora esquemas propios y redacta un detallado “quién es quién” de cada acusado. Antes del juicio contra Al Qaeda y también en el conocido caso EKIN, en el que se juzga a 56 personas relacionadas con ETA, aplica esa misma disciplina.

La dedicación es absoluta. Cuando afronta una vista relevante, aparca su vida privada y evita incluso seguir el tratamiento mediático del proceso. Su prioridad, explican quienes la conocen, consiste en que las sentencias sean sólidas.

En uno de los episodios más recordados, absuelve por presunción de inocencia al histórico narcotraficante Laureano Oubiña en su primera acusación por tráfico de drogas. El propio acusado le repite con frecuencia: "Doña Ángela, yo hachís sí, pero cocaína nunca". Tiempo después, cuando vuelve a sentarse en el banquillo por tráfico de cocaína, ella le interpela: "¿Ahora qué me dice usted, señor Oubiña?". En otra ocasión, ante la negativa del procesado a abandonar el calabozo, baja personalmente para convencerle de que el juicio debe continuar.

Declarada absolutamente apolítica, se define como "una juez de a pie que no valía para asistir a actos, ponerse mona y sonreír". Cuando la presidencia de la Sala de lo Penal queda vacante y algunos compañeros la proponen, rechaza concurrir porque el cargo exige una intensa vida social que no encaja con su forma de entender la profesión.

El juicio a EKIN y el peso personal

En 2007 preside el juicio a EKIN, que concluye con la condena de 47 acusados al considerarse a la organización como “las entrañas y el corazón” de ETA. El proceso se prolonga durante 16 meses y se caracteriza por las continuas solicitudes de nulidad formuladas por las defensas, que buscan la suspensión.

Durante ese periodo atraviesa una situación personal extremadamente delicada. Su pareja sufre una grave operación quirúrgica, permanece varios meses en la UVI y finalmente fallece. Aun así, ella no interrumpe las sesiones: preside la vista y, por la noche, acude al hospital.

En plena redacción de la sentencia, un funcionario la encuentra literalmente dentro de una gran caja sucia de cartón revisando documentación incautada para armar la resolución.

El episodio con Otegi y la revisión europea

En 2010, su trayectoria vive uno de los momentos más controvertidos. El Tribunal Supremo la aparta de la vista oral contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi por una supuesta falta de imparcialidad. Durante la sesión, le pregunta si condena a ETA y, ante la negativa a responder, le advierte de que ya sabe que no le va a contestar. El alto tribunal aprecia “prejuicio” y ordena repetir la vista, que termina con la absolución del exportavoz en ese procedimiento.

Más adelante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que en la sentencia del llamado caso Bateragune se vulnera el artículo 6.1 del Convenio Europeo por el “temor legítimo” a una falta de imparcialidad. Estrasburgo no aprecia “ninguna evidencia” de animadversión personal, pero sí entiende que las dudas de los acusados están justificadas. La Sala Segunda anula en consecuencia la sentencia de 2012 que condena a Otegi y a otros acusados por pertenencia a organización terrorista.

La evolución del tribunal y la retirada

Su carrera refleja también la transformación del órgano judicial: de los grandes juicios contra ETA y los clanes gallegos de la droga a los procesos por delitos económicos y corrupción política. Bajo su presidencia se celebran vistas como el caso Gescartera, el procedimiento contra Ausbanc, la salida a Bolsa de Bankia o el caso Villarejo.

En septiembre de 2024 cuelga la toga al alcanzar los 72 años, edad fijada como límite legal para la jubilación de jueces y magistrados. Con su retirada se cierra una etapa que ha atravesado más de cuatro décadas de historia judicial y que hoy queda marcada por su fallecimiento.