Catalunya endurece las sanciones contra el vandalismo ferroviario: hasta 900.000 euros de multa
El Govern impulsa una reforma legal para frenar los grafitis en Rodalies para acabar con la "impunidad"
La Generalitat ha decidido dar un paso contundente contra el vandalismo que sufre la red ferroviaria catalana con una reforma normativa que eleva de forma significativa las sanciones. El objetivo es claro: acabar con la sensación de impunidad y proteger un servicio esencial como Rodalies de Catalunya, cada vez más afectado por actos incívicos.
La propuesta legislativa, impulsada por el grupo socialista, responde a una problemática que el Ejecutivo considera “visible y preocupante”, especialmente por su impacto directo en el funcionamiento del transporte público y las consecuencias que generan en la experiencia diaria de miles de usuarios.
Multas más elevadas para frenar los actos vandálicos
La reforma de la Ley 4/2006 introduce un endurecimiento notable del régimen sancionador. A partir de ahora, todas aquellas acciones que dañen o alteren infraestructuras ferroviarias o trenes, incluidas las pintadas, pasarán a considerarse infracciones graves o muy graves en función de su impacto.
En concreto, las sanciones se estructuran de la siguiente manera:
- Las infracciones leves podrán conllevar desde una advertencia hasta multas de 18.000 euros, mientras que las infracciones graves —como los grafitis que obliguen a interrumpir el servicio— estarán castigadas con importes que oscilan entre los 18.000 y los 90.000 euros.
- En los casos más extremos, cuando los daños afecten directamente al funcionamiento del sistema ferroviario, las infracciones serán consideradas muy graves, con multas que podrán alcanzar los 900.000 euros.
Un problema con impacto real en el servicio
Desde el Govern insisten en que el vandalismo no es solo una cuestión estética, sino un factor que incide directamente en la calidad del servicio. Las pintadas y otros daños en trenes e instalaciones provocan retrasos, interrupciones y costes adicionales, afectando tanto a la operativa como a la seguridad.
En este sentido, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha subrayado que la reforma pretende enviar un mensaje claro de “tolerancia cero” ante este tipo de conductas, recordando que su impacto en el sistema ferroviario es significativo.
Tramitación urgente y compromiso político
La iniciativa también responde a un compromiso adquirido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha apostado por acelerar su aprobación. La reforma se tramitará por lectura única, un procedimiento que permitirá su entrada en vigor antes del verano.
El Ejecutivo considera que esta rapidez es clave para actuar cuanto antes frente a una problemática creciente, que no solo genera costes económicos, sino que deteriora la percepción ciudadana del transporte público.
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