Los 'invisibles' de la regularización en Catalunya: el 75% de las personas sin techo quedará fuera de la medida

La nueva vía de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno nace con la intención de integrar a miles de personas, pero deja fuera a uno de los colectivos más vulnerables: las personas sin hogar. Según advierten entidades sociales, solo una de cada cuatro personas en situación de sinhogarismo podrá acogerse a este proceso, lo que evidencia las limitaciones reales del proceso.

Desde organizaciones como Fundació Arrels, que trabaja directamente con este colectivo, se alerta de que los requisitos exigidos son difíciles de cumplir para quienes viven en situaciones de extrema precariedad.

Radiografía del sinhogarismo en Catalunya

Para entender la magnitud del problema, los datos oficiales del IDESCAT sitúan en 11.000 personas el número de ciudadanos extracomunitarios que sufren exclusión residencial severa en Catalunya. Una realidad, que en su interior no es homogénea, puesto que se divide en distintos niveles de vulnerabilidad que ayudan a comprender y a acercarse a las cifras exactas de personas afectadas.

Por un lado, alrededor de 1.500 personas viven directamente en la calle, durmiendo cada noche en bancos, cajeros o parques, con una fuerte concentración en Barcelona. A este grupo se suman unas 3.900 de personas que dependen de albergues o centros temporales, sin acceso a una vivienda estable. Finalmente, cerca de 5.600 personas residen en asentamientos o infraviviendas, como chabolas o edificios abandonados que no cumplen condiciones mínimas de habitabilidad.

El gran obstáculo: la falta de documentación

El principal problema que impide a este colectivo acceder a la regularización es la ausencia de documentación oficial, un requisito indispensable para iniciar el proceso. Según explica Eva Hobeich, responsable jurídica de la Fundació Arrels, muchas de estas personas han perdido todo vínculo con su país de origen, lo que hace prácticamente imposible obtener los documentos necesarios.

A esta dificultad se suma la necesidad de presentar un informe de vulnerabilidad, un documento clave para acreditar la situación personal y optar a la regularización. Sin embargo, conseguir este informe resulta especialmente complicado para quienes viven en la calle o en condiciones muy precarias.

Existen casos de personas que llevan más de 25 años en Catalunya y que, a pesar de su arraigo vecinal, siguen siendo invisibles para la administración. Sin documentos de identidad vigentes, el proceso de regularización se detiene antes incluso de empezar.

Miles de personas quedarían excluidas

Si se aplican estos condicionantes al conjunto de la población afectada, el resultado es preocupante: cerca de 8.000 personas en Catalunya podrían quedar fuera del proceso, pese a encontrarse en situaciones límite. carecen de los documentos necesarios para siquiera iniciar el trámite de regularización

Desde Fundació Arrels advierten que existen casos de personas que llevan más de dos décadas viviendo en España sin haber podido regularizar su situación, lo que refleja las barreras estructurales del sistema.

Un plazo insuficiente para los más vulnerables

Otro de los factores que agrava la situación es el escaso margen de tiempo. El proceso de regularización cuenta con un plazo de apenas dos meses, un periodo que las entidades consideran insuficiente para acompañar adecuadamente a personas con trayectorias vitales tan complejas.

La falta de recursos, la dificultad para acceder a información y la burocracia convierten este procedimiento en un reto casi inalcanzable para quienes más lo necesitan.

Una llamada a adaptar el sistema

Las organizaciones sociales reclaman mecanismos más flexibles e inclusivos que tengan en cuenta la realidad de las personas sin hogar. Consideran imprescindible abrir vías alternativas que permitan regularizar situaciones cronificadas y evitar que miles de personas sigan quedando al margen del sistema.