Aragonès asegura que al Gobierno español "se le han acabado las excusas para no sentarse en una mesa de diálogo y encontrar una solución política a lo que es un problema político".
Aragonès: "Hay abiertas un sinfín de causas contra alcaldes, activistas y organizaciones que desde un punto de vista de la legislación europea sobre derechos humanos no tienen ningún sentido. Aquí también puede haber movimientos".
Aragonès: "Sospechamos que se articuló todo un sistema para que fuera a parar a un juzgado determinado para hacer la instrucción en una línea determinada".
El vicepresidente de la Generalitat sostiene que habrá reunión con el Gobierno central en enero con un formato parecido al de diciembre en el que hubo varios ministros y consellers.
Los sindicatos alegan que Aragonès puso "de forma intencionada en peligro la frágil paz social" existente en Catalunya, tratando de provocar "un enfrentamiento estéril entre ciudadanía y fuerzas de orden público".
El Ejecutivo intenta restar importancia a la reunión entre los líderes de Podemos y ERC con un encuentro al más alto nivel entre los responsables económicos de ambos gobiernos.
