La Xarxa d'Entitats pel Padró asegura que hay ayuntamientos que ponen "trabas" al empadronamiento de las personas que viven en sus municipios.
Los implicados cobraban hasta 600 euros a extranjeros en situación irregular a cambio de inscribirlos en domicilios ficticios para obtener permisos de residencia y tarjeta sanitaria
