La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebrará este martes la vista para examinar la cuestión prejudicial remitida por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra el expresident Carles Puigdemont y varios de sus exconsellers por su implicación en el 'procés'.
Entre los votos en contra se cuentan los de los eurodiputados de Unidas Podemos, que lo consideran una "modificación peligrosa que resta garantías a los procesos de extradición", y los de los partidos independentistas, ERC, JxCAT, Bildu, y del PNV.
Esta reforma afectaría al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de los líderes independentistas huidos acusados del delito de sedición
El procedimiento para decidir sobre la orden europea de detención y entrega de Puigdemont y Comín "queda suspendida sin fecha hasta que el Parlamento Europeo decida sobre sus inmunidades".
Puigdemont tiene el DNI caducado y no tiene posibilidad de renovarlo sin que sea detenido y puesto a disposición de la justicia española. Pero cuenta con un salvoconducto por su condición de eurodiputado.
El tribunal debe decidiri si anula el procedimiento o espera a la decisión del Parlamento Europeo sobre el levantamiento de su inmunidad como eurodiputado.
La justicia belga ha decidido dejar en suspenso el proceso de extradición del presidente Carles Puigdemont y el conseller Toni Comín, por su inmunidad como eurodiputados.
Tras estudiar detenidamente la sentencia del tribunal europeo, Llarena ha decidido que mantendrá la euroorden contra Puigdemont a la espera de que el Parlamento Europeo decida retirarle la inmunidad.
La sentencia del TJUE permite a Puigdemont y Comín recoger sus actas de europarlamentarios. Lo mismo podrá hacer Junqueras. Eso no implica que se anule el juicio, que el dúo “belga” vuelva a Catalunya y que Junqueras salga a la calle. La sentencia no va de eso.
La Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea) se ha aclarado que su respuesta "afirmaba incorrectamente que la orden era desproporcionada -no es desproporcionada, solo que actualmente carece de información esencial".
La Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea), dependiente del Ministerio del Interior, considera que la petición del juez Llarena "es desproporcionada" con arreglo a su legislación.
