La ley define el corpus legal transitorio hasta la constitución oficial de la república catalana. Uno de los puntos que más polémica ha levantado entre los dos grupos soberanistas es la presencia del ejército.
En la carrera por la independencia, los grupos soberanitas -JxSí y la CUP- han aprobado este jueves por la mañana otra de las tres leyes necesarias para la desconexión total de España.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró, en una cena con analistas y políticos, que la ley se registrará antes de que el Parlament cierre el periodo de sesiones el próximo lunes. El Govern también prevé presentar la ley de transitoriedad jurídica.
El líder de los populares en Catalunya, Xavier García Albiol, asegura que se trata de una "cacicada que vulnera los derechos de la oposición" en la Cámara. El PSC estudia este martes si llevará el texto ante el Constitucional,
El informe 'Observaciones y propuestas jurídicas y técnicas a la reforma del reglamento' consideran que los artículos que se quieren aprobar perjudica a las minorías parlamentarias.
Fuentes del partido de Puigdemont han explicado que esta primera parte de la ley busca definir la estructura de la administración tributaria catalana, y la segunda parte buscará definir las funciones que asumirá.
Los socialistas catalanes han presentado un recurso al Consell de Garanties asegurando que el texto presentado por JxSí ataca a las minorías parlamentarias y pretende facilitar la ley de 'desconexión'.
Sólo se han aprobado las enmiendas para crear una comisión de ionvestigación cercenada por ambos partidos sobre el caso Vidal y el reinicio de las sesiones del Parlament el próximo 15 de agosto.
JxSí y la CUP vetan las comparecencias de varios expertos alegando que "son los letrados del Parlament los que más saben del asunto y a quienes hay que escuchar".
JxSí y la CUP quieren evitar el debate político sobre las leyes y así impedir que lleguen a los tribunales antes de su aprobación. | La oposición ha criticado la iniciativa por ser poco democrática.
Ambos partidos independentistas consideran que esta debe ser la ley para organizar el referéndum pese al previsible veto del Estado.