Quiere aclarar si cabe aplicar la ley penal española de 2015 que castiga de forma más severa, con hasta tres años de prisión, la apología del terrorismo o la de 2012, cuando ocurrieron los hechos.
El detenido contactaba con las menores a través de Internet afirmando que tenía un grupo de rap y les hacía falsas promesas como que aparecerían en sus videoclips.
La resolución cuenta con el voto particular de la magistrada Manuela Fernández de Prado que considera que los comentarios deben encuadrarse en la libertad de expresión.
