Udef

Los investigadores llegan a la conclusión de que Jordi Pujol Ferrusola era el encargado de "ingresar importantes sumas de dinero, para posteriormente distribuirlas entre sus hermanos".

En las pesquisas de Guardia Civil y Policía Nacional  se trabaja sobre la hipotésis que los gobiernos de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra usaron esta infraestructura deportiva para financiar el "procés".

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevan la investigación, autorizados por la Audiencia Nacional.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúa al alcalde de Talamanca y diputado en la Diputación de Barcelona de JxCat, Josep Tarín, como "íntimamente conexo" con la comisiones amañadas por el primogénito de los Pujol.

La estrategia de corrupción de los Pujol fue perfeccionándose desde África hasta Sudamérica.

Un informe de la UDEF sostiene que hubo relación entre Jordi Pujol Ferrusola y el empresario José Herrero Egaña López del Hierro.

Los hechos se remontan a 1991, cuando se adquirió un edificio destinado a ser la Conselleria de Medio Ambiente.

Durante la etapa de gobierno de Artur Mas, Jordi Pujol hijo se reunía con altos cargos de la Generalitat para facilitar sus negocios personales.

Los supuestos amaños afectan a partidos de la Tercera División masculina y de la Primera División femenina.

La nueva documentación que las autoridades andorranas han remitido a la Audiencia Nacional aporta pruebas de que el vicepresidente del FC Barcelona figura como receptor del dinero repartido por Jordi Pujol Ferrusola.

El abogado de la familia Pujol solicitó posponer el interrogatorio al coincidir la fecha señalada con el juicio del 'caso Pretoria', donde lleva la defensa de los principales acusados de esta trama de corrupción urbanística.

La mujer del expresidente de la Generalitat se llamaba a sí misma "madre superiora" para ordenar a la banca Reig traspasos de sus cuentas en Andorra | La UDEF cifra el beneficio ilícito de la familia en "al menos 70 millones".

Las sedes de los Bomberos de la Generalitat en Sant Boi y Bellaterra están bajo registro por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) por presuntas irregularidades en la gestión de contratos, tal y como ha informado la Policía Nacional, que ha explicado que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.