El juez ordena la detención de Anna Gabriel en territorio nacional

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Gabriel permanece en Suiza


La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha asegurado este miércoles que, si España pidiera su extradición para comparecer ante el Tribunal Supremo (TS), se pondría en evidencia que al independentismo se le "persigue por una situación política".


"Si se interpone la demanda de extradición podríamos interponer una petición de asilo porque creemos que hay la base suficiente para poderla pedir", ha dicho.


La respuesta jurídica de Gabriel busca construir un "espejo al Estado, a su judicatura y a su Ejecutivo para poner en evidencia" que se les persigue por cuestiones políticas.


De hecho, el Gobierno suizo ha asegurado este mismo miércoles que rechazará la petición de extradición de Gabriel porque, según el portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza, Folco Galli, "se trata con toda probabilidad de un delito político".


Gabriel ha mostrado su predisposición ha reivindicar en Ginebra (Suiza) "que se acabe la excepcionalidad en Catalunya, que salgan los presos políticos, que se archive esta causa" y que todas las personas que están fuera puedan volver.


Preguntada por si su decisión de trasladarse a la capital helvética y no comparecer ante el TS puede perjudicar a los que están en la cárcel, ha replicado que, en base al derecho penal, "las conductas penales tienen que individualizarse".


"No se te puede reprochar un comportamiento que no sea personal y que no concurra el ánimo individual para cometer el delito", ha dicho y ha criticado que las últimas resoluciones judiciales se escapen de esa aplicación del Código Penal.


Gabriel considera que en la causa que investiga el proceso independentista se les está aplicando el 'Código Penal del enemigo': "Por lo que somos y por lo que pensamos".


"Es evidente que no ha habido rebelión armada y violenta y, por tanto, el fundamento de los delitos que se nos pretenden atribuir no existen, es una persecución política", ha reiterado, y ha asegurado que se quiere liquidar y humillar al independentismo.


El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado la detención y puesta a disposición del Tribunal Supremo de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, ante su incomparecencia este miércoles ante el instructor, sin alegar causa legítima que se lo impida, pero no activa la orden internacional que había solicitado la Fiscalía.


La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al juez  Pablo Llarena que dicte auto de prisión contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y orden de detención internacional para sustentar una futura demanda de extradición a Suiza, a lo que el Gobierno suizo ya ha expresado que Gabriel no será extraditada a España.


También ha pedido orden de detención la acusación popular en la causa del 'procés', ejercida por Vox, tras constatar su incomparecencia este martes en el Tribunal Supremo, donde había sido citada a las 9.30 horas por el juez Pablo Llarena para ser interrogada por delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos.


La secretaria del Juzgado ha levantado acta de incomparecencia a las 10.00 horas, tras constatar que habían pasado 30 minutos y Gabriel no aperecía, tal y como había anunciado su defensa, y la ha remitido al magistrado instructor, que acordará ahora lo que considere oportuno al respecto.


Poco después de conocerse la decisión de Fiscalía, el Gobierno suizo ha asegurado que la dirigente de la CUP no puede ser extraditada a España incluso si el delito de rebelión del que se le acusa existiera en el Código Penal suizo.


El portavoz del Departamento de Justicia suizo, Folco Galli, ha afirmado: "Aun cuando el examen de una eventual solicitud de detención o de extradición arrojara que los delitos de los que se le acusa a Anna Gabriel también los fueran en Suiza (...) una extradición a España no sería posible".


RAFAEL CATALÁ


El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no ve motivo para que Suiza niegue la extradición a España de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que ha huido a ese país para no comparecer ante el Tribunal Supremo, si así lo solicita el Alto Tribunal.


"No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades suizas no concedan la extradición de una persona investigada por el Supremo", ha manifestado Catalá a los periodistas a su salida del pleno del Congreso.


El titular de Justicia ha explicado que España tiene un tratado de con Suiza en el que se establecen las circunstancias en las que se pueden conceder las extradiciones y que, si el juez español solicita la entrega de Gabriel por los delitos que le atribuya, el Ministerio de Justicia lo tramitará a la autoridad administrativa suiza, que a su vez lo enviará al juez competente.


EL CÓDIGO PENAL SUIZO ES "PROPIO DEL SIGLO XXI"


"Habrá que ver qué delitos en su caso se le imputan y ver si existe el principio de la doble incriminación, esto es, si los delitos por los que se le pueda hipotéticamente acusar en España son delitos existentes en Suiza", ha recalcado.


Catalá ha subrayado que si todo eso funciona, "no hay que prever dificultad", aunque, de entrada, ha destacado que el Código Penal suizo es "propio del siglo XXI, como el español, en el que existen los delitos de traición a las instituciones y al Estado.


"El derecho de extradición es propio de los Estados de Derecho", ha apostillado.

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