El Supremo acusa a la justicia belga de "ausencia de compromiso"

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El Tribunal Supremo ha acusado este miércoles a la Justicia belga de "ausencia de compromiso con la colaboración judicial" al rechazar la entrega de los exconsejeros catalanes huidos Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig.


La justicia belga ha denegado la entrega de los exconsellers por un defecto de forma en las euroordenes emitidas por el juez Pablo Llarena y considera que sólo el "desconocimiento" del ordenamiento jurídico español permite obviar el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo en el que se motiva los hechos por los que son acusados en relación al denominado 'procés'.


Fuentes de la misma Sala afirman que no se comparte la motivación por la que se deniega la entrega de los exconsejeros. 


Esto "podría interpretarse como una ausencia de compromiso con prestar la colaboración judicial peticionada" por el juez Llarena, destacan.


La Cámara del Consejo ha rechazado, atendiendo a los criterios de la Fiscalía belga, la entrega de estos tres procesados porque la petición del juez del Supremo no se basa en una nueva orden nacional de detención, sino en el requerimiento emitido por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en noviembre de 2017, cuando investigaba la causa. 


Según la jurisprudencia comunitaria, cada orden de detención europea tiene que estar respaldada por una orden de detención nacional.


DESARROLLO ARGUMENTAL


En este sentido, las fuentes de la Sala inciden que en dicho auto se explica "con más desarrollo argumental" los hechos acusatorios, "a excepción de la sentencia" y que "sólo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, pese a la explicación dada como información suplementaria, permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden".


El magistrado instructor del 'procés' remitió el pasado 17 de abril un escrito a las autoridades judiciales belgas ofreciendo "información suplementaria" en relación a las órdenes europeas de detención emitidas contra estos ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont.


LA MALVERSACIÓN ES UN DELITO DE CORRUPCIÓN


Llarena recalcó que se trata de unos "hechos complejos", en los que "cada partícipe ha tenido una contribución diferente", pero que los tres han sido procesados por el empleo presuntamente de "dinero público para pagar los gastos derivados de celebrar un referéndum declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", lo cual se "cataloga" en el Derecho español como "un delito de corrupción". Sólo por estos hechos ve "oportuna" la entrega.


Sobre Comín, en concreto, afirmó que se pide su extradición por un presunto delito de rebelión, "sin perjuicio de otras calificaciones" y destacó que su participación consistió "básicamente en promover que la Comunidad Autónoma de Catalunya declarara su independencia del resto del Estado español y se constituyera como una república independiente, sirviéndose para ello de alzamientos y movilizaciones públicas que llegaron a contener expresiones de violencia con las que se pretendía forzar al Estado a reconocer la nueva realidad política".

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