miércoles, 14 de abril de 2021

Hacienda pretende que las empresas tributen un mínimo del 15% de su resultado contable

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María Jesús Montero, ministra de Hacienda (Europa Press)


El Gobierno de Pedro Sánchez estudia una medida que ya prometió durante su etapa en la oposición: obligar a las empresas a que tributen un mínimo del 15% de su resultado contable. Lograr que las grandes multinacionales paguen en cada país lo que les corresponde es uno de los grandes retos y los distintos estados buscan alternativas para lograrlo.


Así, esta medida sería beneficiosa para las arcas públicas, ya que los grandes grupos aportan un 7,3% de su resultado contable positivo. En definitiva, su beneficio es muy abultado, pero gracias a las diversas exenciones, deducciones y ajustes que tienen a su disposición, acaban pagando mucho menos que las pequeñas empresas y que los trabajadores. Los socialistas pretenden que las grandes multinacionales hagan un esfuerzo para financiar el estado de bienestar. Según las estimaciones que realizó el PSOE en su propuesta de Presupuestos Alternativos valoraba en 4.000 millones de euros la recaudación por esta medida.


El Ministerio de Hacienda está analizando actualmente este nuevo modelo impositivo, sin embargo, los números no son tan optimistas como preveían los socialistas, lo que complica su aplicación. El resultado contable positivo de los grupos consolidados en 2015 (último dato desagregado disponible) fue de 85.800 millones de euros. Si se aplica un tipo mínimo efectivo del 15%, Hacienda recaudaría 12.900 millones de euros, más del doble de lo que consiguió, que fueron 6.300 millones.


La cuestión es que el Ministerio estaría gravando los beneficios en el extranjero de las multinacionales por los que ya tributaron en su país de origen. España, igual que el resto de países desarrollados, tiene firmados acuerdos para evitar la doble imposición, de modo que los beneficios tributan solo en el país en el que se originan. Así, una multinacional española que repatria su dividendo, no tiene que volver a pagar a Hacienda.


Por otro lado, también los grandes grupos tributan actualmente mucho menos que las pequeñas empresas. Son ellos quienes tienen mayor capacidad para beneficiarse de exenciones y deducciones en el impuesto por inversiones, por I+D, bases imponibles negativas, entre otras. Así, según los últimos datos disponibles, los grupos consolidados soportan un tipo efectivo del 19,8% sobre su base imponible, mientras que el resto de compañías pagan un 24,2%. Una diferencia significativa que el Gobierno quiere corregir. Si finalmente no fructifica la medida del tipo mínimo, el Ministerio de Hacienda está comprometido a buscar vías alternativas para lograr que la tributación efectiva de las grandes compañías se incremente.


CIUDADANOS SE OPUSO Y SÁNCHEZ RENUNCIÓ A ESTA MEDIDA


En el año 2016 Sánchez ya renunció a esta medida que hoy vuelve a plantear. Fue en el contexto de las negociaciones entre el PSOE y Ciudadanos para alcanzar el pacto de gobierno con el que el líder de los socialistas se presentó a la investidura. En esas negociaciones, el equipo económico de Ciudadanos convenció a los socialistas de eliminar la propuesta de un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades.


El presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso y diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, explica que gravar el resultado contable con un tipo mínimo del 15% generaría "un problema jurídico" al Gobierno. "España tiene un sistema de exención (por doble imposición) que no se puede cambiar unilateralmente y que prima sobre la ley", advierte de la Torre. Y también explica que la mayor parte del resultado contable de las multinacionales españolas procede de sus dividendos en el exterior, una capacidad económica que no se puede gravar.


De la Torre advierte que el mayor riesgo que corre España si se adopta esta medida es que las empresas "dejen de traer sus dividendos en el exterior a España". Así, los grupos conseguirían reducir su resultado contable y, por lo tanto, reducir su tributación. Una decisión que afectaría a la balanza de pagos española, a su posición de liquidez y al saldo con el exterior.

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